- El Estado se juega mucho en Nariño
- Lo que se prometió y lo que no se cumple
Cuando se alcanzó, en mayo de 2014, en La Habana el acuerdo sobre el punto 4 de la agenda de negociación, tanto el Gobierno como las Farc anunciaron que, una vez se firmara el pacto final de paz e iniciara su implementación, el panorama de la lucha antidroga en Colombia cambiaría de manera sustancial. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, no sólo porque a mediados del año pasado se dieron por terminadas las tratativas y el acuerdo fue refrendado atropelladamente en el Congreso en diciembre de 2016, tras haber sido negado en las urnas, sino porque la extensión de cultivos ilícitos se cuadriplicó hasta llegar a 188 mil hectáreas, en tanto que el potencial de producción de cocaína se puso por encima de las 800 toneladas métricas.
El descalabro de la estrategia contra el narcotráfico es de tal magnitud que Estados Unidos, de un lado, ya comenzó a disminuir sus aportes al Plan Colombia y, de otro, el gobierno de Donald Trump alcanzó a analizar la posibilidad, meses atrás, de descertificar a nuestro país por el auge de los sembradíos de hoja de coca, amapola y marihuana.
Aunque la Casa de Nariño acepta la gravedad de la situación, replica al mismo tiempo que está en marcha una nueva estrategia de destrucción de cultivos ilegales que debe llevar a que este año desaparezcan más de 100 mil hectáreas, sumando tanto la erradicación forzosa por parte de la Fuerza Pública como los resultados de los pactos de sustitución suscritos con miles de familias campesinas a lo largo y ancho del país. En uno y otro flanco el Ejecutivo relieva que las metas se pueden alcanzar no solo porque ya las Farc desaparecieron como ejército armado que participaba del narcotráfico, sino porque los propios desmovilizados están ayudando en las operaciones contra las drogas.
Como siempre ocurre la efectividad de esta estrategia genera reacciones encontradas. Por ejemplo, Estados Unidos ha advertido que las Farc desarmadas y reinsertadas no están colaborando con la información a que se comprometieron respecto a rutas, narcolaboratorios y cómplices. A ello se suma que el casi medio millar de guerrilleros disidentes, entre ellos varios cabecillas de alto nivel, están delinquiendo, precisamente, en zonas de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Nariño, las regiones de mayor densidad de narcocultivos.
Como si fuera poco, hay pruebas fehacientes de que estos grupúsculos desertores se están aliando con bandas criminales, paramilitares reincidentes o nunca desmovilizados, el Eln y narcotraficantes puros. Para completar este preocupante escenario hay que señalar que los niveles de consumo interno de estupefacientes han aumentado sustancialmente en los años más recientes, paralelo a una peligrosa expansión de las redes de microtráfico en ciudades y municipios… Y, por último, todos esos factores criminales estarían no sólo obstaculizando los operativos de erradicación manual y forzada de sembradíos ilegales, sino presionando a las comunidades cocaleras a que no acepten los pactos gubernamentales para sustitución de cultivos o, más grave aún, que firmen los acuerdos, reciban las compensaciones económicas y luego resiembren hoja de coca.
Un año después de haber sido firmado el acuerdo de paz no en todas las zonas en donde hay presencia de narcocultivos se presenta el anterior marco circunstancial crítico. Sin embargo, en Tumaco ocurre todo lo contrario. Ese municipio tenía meses atrás más de 24 mil hectáreas de hoja de coca, es decir el 16 por ciento de todo el país.
De allí que sea una de las prioridades dentro de la estrategia antidroga, en desarrollo de la cual se presentó el jueves pasado un confuso y muy grave incidente en el que varios campesinos resultaron muertos en medio de una protesta de comunidades cocaleras contra la Fuerza Pública que adelantaba labores de acompañamiento a grupos de erradicadores. Si bien es cierto que corresponderá a la Fiscalía y demás entes de control establecer la culpabilidad de dichas muertes, lo cierto es que Tumaco es, hoy por hoy, el laboratorio más importante del país en materia de estrategia antidroga. Los avances y yerros allí son un espejo para el resto del país. No hay lugar a más errores o zonas grises. La mano del Estado en el puerto nariñense, olvidado por décadas por las instituciones y sometido a violencias de distinta ralea, debe saber aplicarse. Lo que ocurrió el jueves pasado, es claro, no es un buen comienzo. Al menos no fue lo que se prometió cuando se firmó el accidentado acuerdo de paz.