Las autoridades turcas seguían arrestando a militares, jueces y fiscales acusados de haber apoyado el golpe de Estado fallido contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Unos 6.000 militares están detenidos y se han emitido unas 3.000 órdenes de arresto contra jueces y fiscales.

Erdogan dijo que está considerando el restablecimiento de la pena de muerte en Turquía, que fue oficialmente abolida en 2004 cuando el país presentó su candidatura para ser parte de la Unión Europea.

Este anuncio fue hecho ante el clamor de simpatizantes que pedían la pena de muerte para los golpistas.

Por la noche se registraron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad turcas y soldados golpistas, que se resistían a ser arrestados, informó un funcionario turco.

La agencia de prensa progubernamental Anadolu informó después que la operación policial había finalizado y que seis militares fueron detenidos.

El presidente islamo-conservador participó el domingo en el entierro de un "mártir" del golpe en la mezquita de Fatih y prometió eliminar el "virus", que según él corroe las instituciones del Estado.

Erdogan no pudo reprimir la emoción y se le vio con lágrimas en los ojos durante el entierro de su amigo, un publicitario que murió junto a su hijo de 16 años a manos de los golpistas.

El saldo de muertos de la intentona golpista subió el domingo a 290, entre ellos más de 100 golpistas, anunció el ministerio turco de Relaciones Exteriores.

Ola de arrestos

Tras la advertencia del gobierno de que los golpistas "pagarían caro" su sublevación, cerca de 3.000 soldados, decenas de generales, jueces y fiscales han sido arrestados en las últimas horas, según la prensa.

Entre los arrestados figura el edecán del presidente, el coronel Ali Yazici, que era el asistente militar de Erdogan desde el 12 de agosto de 2015.

"Vamos a eliminar el 'virus' de todas las instituciones del Estado", dijo Erdogan. Poco antes su ministro de Justicia, Bekir Bozdag, aseguró que "continúa la gran limpieza" y confirmó que hay unos 6.000 detenidos.

Según la agencia Anadolu, 70 generales y almirantes figuran en esa lista, entre ellos figuras emblemáticas del ejército como Erdal Ozturk, el comandante del Tercer Ejército del país, y Adem Huduti, comandante del Segundo.

También hubo arrestos en la base de Incirlik (sur), que la coalición internacional utiliza para combatir a los yihadistas en Siria, según el diario Hürriyet.

La ola de detenciones no se limita al ejército, y según la agencia Anadolu se han emitido órdenes de detención contra 2.745 jueces y fiscales en todo el país. Más de 500 ya han sido detenidos, según la televisión NTV.

Alerta internacional

La ola de detenciones que comenzó poco después de haberse frustrado el golpe preocupa a la comunidad internacional, que teme una represión generalizada.

El presidente de Estados Unidos Barack Obama hizo hincapié en la "necesidad vital" de que las partes implicadas actúen "en el marco del estado de derecho".

El golpe de Estado fallido en Turquía no es un "cheque en blanco" para el presidente Erdogan para realizar "purgas", estimó el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Marc Ayrault.

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo también que el respeto "del Estado de derecho y de la democracia son (...) el mejor medio para hacer frente a las dificultades que vive Turquía".

El presidente ruso Vladimir Putin se mostró por su parte solidario con Erdogan, a pesar de la crisis diplomáticas ante ambos países y pidió un "rápido retorno" a la estabilidad.

El ministro de Asuntos Exteriores, Omer Celik, pidió a sus compatriotas que sigan como en las últimas horas movilizados a favor del gobierno en las calles del país para consolidar esta "victoria de la democracia".

La investigación sobre el intento de golpe de Estado está ahora en manos de la fiscalía de Ankara. El gobierno cree que muchos de los detenidos podrían estar relacionados con el imán Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos y al que Erdogan acusa de haber orquestado la intentona, algo que él niega.

El presidente turco pidió a Washington que lo extradite y su ministro de trabajo, Suleyman Soylu, fue todavía más lejos en sus acusaciones, asegurando que "detrás del golpe está Estados Unidos".