Las personas que en Colombia hurten, roben o comercialicen tapas de alcantarillas, los cables de teléfono o que participen directa o indirectamente en el daño parcial o integral a la infraestructura pública del país, podrían ser castigados hasta con tres años de cárcel.

Así lo propone el proyecto de ley número 48 de 2014 Senado, “por el cual se modifican el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia y la Ley de servicios públicos domiciliarios con el fin de proteger la vida e integridad física de las personas en relación con la protección del equipamiento de los servicios públicos domiciliarios y del espacio público”, que fue aprobado ayer por la Comisión Primera del Senado, pasando a segundo debate en la plenaria de la cámara alta.

La iniciativa radicada el 30 de julio por los senadores Mauricio Lizcano, Carlos Enrique Soto, Jimmy Chamorro, Ángel Custodio Cabrera, Miguel Amín, Nicolás Daniel Guerrero, Luz Adriana Moreno y Juan Felipe Lemos, todos del Partido Social de Unidad Nacional (La U), además de las sanciones penales, normatiza sanciones administrativas e impone a la Superintendencia de Servicios Públicos la obligación de establecer una hoja de ruta a las empresas del sector, con el propósito de reponer en horas las tapas de las alcantarillas, y de paso, salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos.

"Los agravantes penales conllevan a dos o tres años más de cárcel para el delito de hurto, que implica el robo de alcantarillas, de cables o tubos de agua", aseguró el senador Lizcano, precisando que "con esta sanción penal se busca proteger la infraestructura de servicios públicos del país".

El proyecto también impone sanciones económicas como multas, al tiempo que elimina obligaciones tributarias para aquellas empresas que en término de horas (determinación de la Superintendencia de Servicios Públicos) repongan las tapas de alcantarillas o los cables de teléfono, garantizando el normal servicio público.

En Colombia en los dos últimos años, más de una decena de ciudadanos ha sufrido accidentes por el robo de alcantarillas, comprometiendo no solo su vida sino su integridad: La última de ellas, una menor de edad, en la ciudad de Bogotá.

Lizcano afirmó que con la iniciativa este tipo de delitos dejarían de ser excarcelables: "En muchas ciudades de Colombia sucede que las personas y los niños se caen a los huecos de las alcantarillas, pasa mucho en varias regiones que se roban los cables telefónicos para venderlos. Tenemos una mala cultura ciudadana y un robo permanente de la infraestructura de servicios públicos y lo que queremos es acabar con esto".