Aparte del luto nacional por la lamentable pérdida de 11 vidas, quedó claro que tanto la guerrilla como el Gobierno, el “país político” y la opinión pública subvaloraban el cese unilateral declarado por la subversión, y lo sopesaban más desde el campo político y del proceso de paz, que del militar, su escenario natural y determinante. Análisis y proyecciones
“FUEGO AMIGO”. Esa es una expresión que suele usarse en el argot militar para identificar aquellas acciones en donde una fuerza armada sufre bajas o daños, no por cuenta del enemigo, sino a causa de sus propios elementos o combatientes.
Y eso es, precisamente, lo que le ocurrió a las Farc el lunes a la medianoche, cuando hombres de la cuadrilla “Miller Perdomo” decidieron lanzar un ataque contra un grupo de uniformados de la Brigada Móvil 17 que acampaban en un polideportivo de la vereda La Esperanza, en el municipio de Buenos Aires, Cauca.
El ataque, perpetrado con granadas, armas largas y cortas, que dejó 11 militares asesinados y más de una decena heridos, no fue un hecho fortuito. Todo lo contrario, fue una acción premeditada, planificada y llevada a cabo con toda la sevicia criminal, pues si bien la unidad del Ejército pudo ser copada y neutralizada por los guerrilleros, que estaban en clara ventaja de combate al rodear el polideportivo, se optó por la emboscada a los uniformados, que incluso se encontraban durmiendo, y que a duras penas tuvieron tiempo para reaccionar a la lluvia de balas y explosivos. Es más, la cuadrilla insurgente era consciente de que las tropas se encontraban en el área con la misión de capturar a alias ‘Chichico’, cuarto al mando de la “Miller Perdomo” y quien maneja todas las operaciones de narcotráfico en el área.
¿Podía esta columna de la guerrilla no lanzar el ataque, a sabiendas que con la ventaja táctica que tenían no sólo el número de bajas del Ejército sería muy alto, sino que de inmediato todo el país se le vendría encima a las Farc por haber violado la tregua unilateral que declararon el 20 de diciembre pasado?
Es claro que los jefes de la cuadrilla insurgente sabían las implicaciones del ataque, no sólo porque obviamente estaban al tanto de la tregua unilateral y de la prohibición que ésta les imponía para lanzar operaciones ofensivas, sino porque los jefes de los bloques subversivos del suroccidente del país, es decir los alias 'Pablo Catatumbo', 'Pacho Chino' y 'Walter Mendoza', se encuentran precisamente en La Habana y desde allí han dado instrucciones a sus distintos frentes sobre lo que está pasando en el proceso de paz y las medidas de “desescalamiento de la guerra” que la insurgencia ha adoptado desde diciembre pasado. Medidas que, como se sabe, van desde la tregua unilateral e indefinida, pasando por la ‘promesa’ de no reclutar a menores de 17 años y terminando en el inicio de operaciones piloto de desminado humanitario en conjunto con el Ejército. Cesiones insurgentes que fueron respondidas por el gobierno Santos hace cinco semanas, cuando se anunció que si bien la Fuerza Pública seguiría persiguiendo y combatiendo a las Farc, suspendía los bombardeos aéreos a campamentos y concentraciones guerrilleras, que son precisamente el arma más efectiva de las Fuerzas Militares en los últimos años, al punto que varios de los principales cabecillas del ‘Secretariado’ y el ‘Estado mayor’ insurgente fueron abatidos por esta vía, quedando atrás el mito de la invulnerabilidad de la cúpula de esa facción ilegal.
Hipótesis
¿Por qué, entonces, la “Miller Perdomo” perpetró el ataque? Se pueden formular muchas hipótesis. Una puede ser que la facción insurgente creyó que podía ‘justificarlo’ catalogándolo de “acción defensiva” y, por lo tanto, no violatoria de la tregua unilateral. Igual se puede pensar que los guerrilleros no creyeron que el saldo fatal fuera tan alto y sólo luego se dieron cuenta de que se les ‘fue la mano’. También podría concluirse que los guerrilleros al ver el error táctico de la unidad militar, que se concentró en un sitio vulnerable, no quisieron dejar pasar semejante ‘papayazo’, más aún sabedores de que no habría refuerzos militares aéreos inmediatos por la limitación a los bombardeos.
Tampoco faltan los que consideran que, en realidad, las circunstancias del ataque son tan claras que lo único que se puede concluir es que la intencionalidad de romper la tregua fue patente. Para utilizar un símil propio del derecho penal, hubo dolo consciente y determinado. Pero incluso si esta última hipótesis fuera la correcta, entonces caben dos posibles escenarios. Uno, que sectores radicales de la guerrilla que no están de acuerdo con el proceso de paz o la forma en que éste avanza, hayan decidido perpetrar un ataque tan atroz con el objetivo firme de romper la negociación. Y dos, que sean los propios mandos subversivos en La Habana los que hayan dado la orden de una acción militar de ese calibre con el propósito, bajo la tesis de que el Gobierno no se arriesgaría a levantarse de la Mesa, de presionar al Ejecutivo para que acepte acelerar las discusiones ya en curso y sentar las bases de un cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
Como se sabe, esta ha sido una de las exigencias reiteradas de las Farc, pero el presidente Santos se ha opuesto sistemáticamente a la misma y sólo la contempla al final del proceso y como parte del acuerdo sobre el último punto de la agenda, relacionado precisamente con “el fin del conflicto”. Para ello, incluso, se envió a Cuba hace cuatro semanas a cinco generales y un almirante activos para que arranquen la discusión al respecto, que se prevé larga y complicada.
Si se analiza cada una de las hipótesis formuladas, se pueden encontrar algunos elementos que sustentarían su factibilidad pero, a la par, otros tantos que hacen dudosa su ocurrencia. En realidad, a ciencia cierta, a hoy no se sabe por qué se lanzó el ataque sin tener la obvia previsión sobre sus consecuencias militares, políticas y en el proceso de paz.
¿Entonces?
Sin embargo, más allá de esa incertidumbre hay un elemento que sí quedó supremamente claro para las Farc, el Gobierno, las Fuerzas Militares, el llamado “país político”, la opinión pública y la comunidad internacional: la dimensión de la tregua unilateral declarada por la guerrilla va más allá de una simple cesión o jugada audaz subversiva en la estrategia de negociación. Hay en ella obligaciones y compromisos de alto calibre que no han sido lo suficientemente sopesados y entendidos, principalmente por la propia insurgencia. Es allí en donde la tesis de que las Farc fueron víctimas esta semana de “fuego amigo” cobra más vigencia.
Para comprobarlo no es sino hacer un inventario del ‘reporte de daños’ que las Farc pueden y deben hacer tras el ataque:
1.El Gobierno reversó la única medida unilateral de desescalamiento de la guerra que había tomado en tres años, nada menos que la suspensión de los bombardeos aéreos, el arma más letal de la Fuerza Pública.
2.Las Fuerzas Militares se esforzarán al máximo por asestar lo más rápido posible un golpe duro y contundente a la guerrilla en el campo militar. Ello pone en la mira a varios de los cabecillas subversivos que aún quedan en el país.
3.Si bien no es la primera crisis en el proceso y la polarización nacional respecto a su continuidad o no es muy marcada, nunca antes se vio a tantos sectores políticos, económicos, sociales, institucionales y a la opinión pública pidiendo, al unísono, mano dura contra la guerrilla por violar su propia tregua y asesinar de manera deliberada a los 11 militares. El país se siente engañado y manipulado, un clima muy parecido a lo que ocurrió en 2002 cuando la intransigencia bélica de las Farc llevó al rompimiento del proceso de paz del Caguán.
4. Si había un momento en el que la guerrilla debía evitar incurrir en un acto de barbarie era, precisamente, el actual, pues la polémica nacional está centrada en si los subversivos y sus mandos deben pagar o no cárcel por los delitos que cometieron, sobre todo los de lesa humanidad. Si la controversia era álgida respecto a si el Estado puede o no ser flexible, en el marco de la justicia transicional, con el grado de perdón a los delitos cometidos en medio de la guerra, la cuestión se complica aún más para la guerrilla en cuanto la masacre de los 11 militares se cometió en medio de una tregua subversiva unilateral derivada del proceso de paz.
5. Las reacciones de la comunidad internacional condenando el ataque evidencian, de un lado, que las distintas instancias no creyeron, ante las evidencias mismas de la emboscada, la tesis de la “acción defensiva” y le reclaman a la subversión que cumpla con lo que prometió de manera unilateral y, como se recuerda, sorpresiva e inédita. Recuperar la confianza en este flanco no le será nada fácil a las Farc en corto tiempo.
Subvaloración
Visto todo lo anterior, hay tres elementos claros adicionales. Uno, el Gobierno, tenga o no voluntad de hacerlo, se quedó sin margen de acción para siquiera contemplar la posibilidad de concretar un cese bilateral en el corto plazo. Dos, la Mesa de Negociación se encuentra ‘patinando’ hace nueve meses en el tema de las víctimas y el tiempo empieza a ser ya el principal eje de presión y desgaste de la negociación, a tal punto que tras el impacto del ataque en el Cauca, el Gobierno ya advirtió que se acaba la paciencia y se requiere ponerle plazos al proceso. Y tres, cualquier nueva cesión de la guerrilla en el tema del desescalamiento u otro asunto, ahora se quedará pequeña o insuficiente ante la indignación y desconfianza nacional e internacional que se disparó tras la violación de la tregua.
Bajo ese orden de ideas, el escenario resultante indica que la propia guerrilla se infligió un golpe muy duro al asesinar a los 11 militares, porque no midió las implicaciones que para el Gobierno, la opinión pública y la comunidad nacional e internacional tenía la tregua unilateral de las Farc.
Esa circunstancia no deja de ser paradójica, toda vez que cuando a mediados de diciembre los negociadores subversivos anunciaron la tregua unilateral (poco después de superar la crisis por el secuestro del general Alzate), el país en general, dada la desconfianza que genera la subversión, se cuidó de hacerse muchas esperanzas y expectativas alrededor de las implicaciones de esa decisión y más aún de su nivel de cumplimiento.
Es más, pese a que el Gobierno y el Ministerio de Defensa indicaron en enero y luego en febrero que la tregua guerrillera se estaba cumpliendo, la desconfianza persistía, más aún con el uribismo denunciando que la guerrilla sí estaba desarrollando ataques aislados contra Fuerza Pública y población civil.
Incluso la decisión el jueves de la semana pasada, precisamente el día de la Marcha por la Paz, del presidente Santos en torno a prorrogar la suspensión de los bombardeos generó la consabida controversia entre quienes consideraron que la medida daba confianza al proceso, y los que advertían que la guerrilla se estaba fortaleciendo militarmente en varias regiones al no tener la amenaza de los aviones y helicópteros encima.
Así como se afirmó que la propia guerrilla no supo medir y sopesar en su justa dimensión las implicaciones de su tregua unilateral, al tomarla más como una maniobra negociadora que como un compromiso militar de alta exigencia, en la otra orilla, la del Estado y la opinión pública, tampoco le habían dado al cese de operaciones militares ofensivas de la subversión la importancia debida. Eso es claro.
La subvaloración de lo que implica una tregua es la que explica, de un lado, por qué las Farc decidieron mantener su orden de cese el fuego unilateral pese a que el Gobierno se negó a implementar las instancias de verificación nacional e internacional que exigía la subversión. Y también explica, de otra parte, por qué las Fuerzas Militares, el Gobierno y la opinión pública partían de la base de que la decisión de la insurgencia era más una movida política en la Mesa, para seguir manteniendo la iniciativa, que un compromiso real y exigible en el día a día de la guerra. Y esto último se comprueba en el hecho mismo de que si bien desde diciembre se han reportado casos aislados de combates, ataques a uniformados y hasta caídas de militares y policías en campos minados, no se puso a cada tanto el foco público sobre el cumplimiento de la tregua. Sin embargo, con lo ocurrido en el Cauca la situación es distinta, no sólo por el alto saldo fatal sino por las circunstancias evidentes de una emboscada intencional y alevosa. Hasta la propia guerrilla al no romper el proceso ni acabar su tregua, pese a la reanudación de los bombardeos, pareciera aceptar tácitamente que se equivocaron y deben pagar por el yerro grave.
¿Y ahora?
Por las reacciones al final de la semana tanto del Gobierno como de la guerrilla, es claro que el proceso de paz no se va a romper. ¿Qué pasará en La Habana? Nadie lo sabe. No está claro cómo será el ambiente en la Mesa o si la comisión de “fin del conflicto”, en donde tienen asiento generales y jefes guerrilleros, seguirá funcionando ‘normalmente’.
De entrada el principal reto de la Mesa será cómo tramitar la nueva postura del presidente Santos en torno a que al proceso hay que ponerle plazos, lo que sin duda impacta el modelo mismo de la negociación y llevará a la guerrilla a reflexionar sobre si aceptan o no esta condición. Eso en el aspecto político.
Sin embargo, en el campo de la guerra a partir de lo que pasó en Cauca la situación cambió hacia un escenario muy particular: la guerrilla mantiene su tregua unilateral pero las Fuerzas Militares no sólo tienen orden de ir más a la ofensiva sino que ahora pueden acudir sin cortapisas a los bombardeos a la insurgencia. El golpe en el Cauca debería ser respondido allí mismo, con contundencia, transparencia y rapidez por parte del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía.
Así las cosas, es muy posible que los combates se incrementen en el corto plazo y que las Farc, tras lo ocurrido esta semana, se vean forzadas, más temprano que tarde, a considerar si no es mejor acabar la tregua unilateral antes que seguir arriesgándose a la condena nacional e internacional por violarla. Se volvería, entonces, a la primera etapa del proceso, cuando se negociaba en medio del conflicto, y lo que pasara en este no tenía impacto sobre las tratativas en la isla.
¿Qué pasaría si dentro de un mes el Ejecutivo determina que las Farc ahora sí cumplen la tregua? ¿Se reconsiderará suspender de nuevo los bombardeos? ¿Será que en La Habana apuestan ahora por un mecanismo nacional o internacional de verificación? ¿Estará la guerrilla dispuesta a que para garantizar que cumplen la tregua, sus frentes podrían concentrarse en determinados territorios, con sistemas de veeduría?
Esos y muchos otros interrogantes quedan en el aire al cierre de la semana. El país, pese a haber sufrido una racha de masacres de militares en los últimos años, resintió el asesinato de los 11 uniformados en Cauca de una manera muy particular. No sólo rodeó activamente a la Fuerza Pública y revalidó su papel de “héroes de la patria” como hacía un buen tiempo no lo exteriorizaba, sino que, por primera vez en tres años de proceso, dio muestras de que si las Farc siguen matando, el proceso puede acabarse. En otras palabras, que la suerte del país no está atada indefectiblemente a una salida negociada al conflicto. Y eso tiene muchas implicaciones que la guerrilla debe saber leer.