La necesidad de elevar la trata de personas a delito de lesa humanidad, como lo manifestaron 28 defensores del pueblo reunidos en Bogotá en mayo pasado, fue reiterada ayer por el defensor Jorge Armando Otálora.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que durante lo corrido del año ha realizado el acompañamiento humanitario y la orientación jurídica a 32 víctimas del delito de trata de personas, lo cual supone que en solo 7 meses ya se ha superado el promedio anual de los últimos cinco años.

Según los reportes de Naciones Unidas, entre 2010 y 2014 se registró un total de 155 casos de trata de personas, de los cuales un total de 112 casos están relacionados con la trata para fines de explotación sexual y 43 casos en la modalidad de trabajo forzado.

La Entidad viene conociendo casos de trata de personas interna y externa, en los cuales hombres y mujeres son explotados por medio del turismo sexual, la prostitución y la pornografía; también atiende a personas a quienes se les vulnera la dignidad humana en sus espacios de trabajo, y a mujeres que son víctimas del matrimonio servil, donde el cónyuge explota a la víctima sexual y laboralmente.

En los casos atendidos por la Defensoría del Pueblo se ha identificado que la mayoría está relacionada con situaciones de vulnerabilidad socioeconómica como factor determinante de quienes resultan víctimas de este crimen así como la revictimización a causa de la ausencia de relaciones diplomáticas con algunos Estados.

Para la Entidad, resulta inquietante la falta de atención, prevención y reparación con enfoque de género, en especial con mujeres y población transgénero y con sujetos de especial protección como comunidades étnicas.

Actualmente, Naciones Unidas tiene identificadas cerca de 510 rutas para el tráfico de personas, de las cuales los colombianos han resultado víctimas de este delito principalmente en Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Brasil, Indonesia y China.