El servicio de transporte intermunicipal de pasajeros pierde anualmente más de 40 millones de tiquetes por la piratería, lo que al año representa 800 mil millones de pesos aproximadamente.
Esta es una de las principales preocupaciones del presidente de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), Rafael Sarmiento Apolinar, quien recordó el llamado al Gobierno para tomar cartas en el asunto.
También hizo referencia al incremento de ataques de grupos armados al margen de la ley, que se han incrementado en los últimos meses registrando cerca de 160 hechos delictivos.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tan grave es el panorama del transporte informal?
RAFAEL SARMIENTO APOLINAR:El sector de transporte intermunicipal de pasajeros ha sido afectado por el transporte informal y lamentablemente, la incapacidad de las autoridades de controlar este tema cada día nos afecta.
Del 100% de la movilización del transporte organizado se pierde entre el 30 y 40% de pasajeros por esta actividad ilícita.
ENS: En cifras, ¿de cuánto estamos hablando?
RSA: Si pensamos que el transporte organizado mueve en los terminales una cifra considerable, por ejemplo el año pasado fueron 121 millones de pasajeros, es decir que un 30% está parando en manos de la informalidad.
Entonces si multiplicamos el promedio del pasaje en unos 20 mil pesos, por 121 millones de tiquetes vendidos, son cerca de 40, es decir que el transporte organizado pierde 40 millones de tiquetes al año. Eso por 20 mil pesos serían como 800 mil millones de pesos.
ENS: ¿Qué medidas han adoptado?
RSA: Hemos pedido al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias para evitar la informalidad, siempre se compromete pero no vemos los resultados.
ENS: ¿Entonces cuál es la verdadera razón?
RSA: Llevo cerca de 25 años en la actividad gremial y siempre hemos solicitado a los gobiernos de turno medidas contra la informalidad, pero sabemos que es un problema de empleo, ingresos, de estómago.
La gente ve en el sector transporte una manera fácil de recibir ingresos.
ENS: En cuanto a los ataques al transporte, ¿de qué tipo son y en qué zonas?
RSA: En los últimos 42 meses se han incrementado los hostigamientos a las empresas del transporte como en extorsiones e incineración de vehículos. A la fecha llevamos más de 160 vehículos quemados en el país y eso afecta directamente el patrimonio de los transportadores.
ENS: ¿Cuáles son las que más se ven afectadas?
RSA: En Nariño, Caquetá, Putumayo, Meta, Guaviare, Chocó, Antioquia, Arauca, Casanare. Prácticamente es todo el país.
En pérdidas podemos hablar de más de 5 mil millones de pesos.
ENS: ¿La petición al Gobierno es que se regrese a la póliza de cobertura total?
RSA: Desde 1992 cuando comenzaron las acciones de la guerrilla contra el transporte se solicitó al Gobierno Nacional, en ese entonces el gobierno de César Gaviria, que se estableciera una póliza contra estos actos.
En ese momento se cubría el 100% del valor de los daños ocasionados en estos actos, simplemente el transportador se encargaba de hacer la reclamación y llevar la noticia criminal avalada por una autoridad competente, y la compañía de seguros que había contratado el Estado a través del Ministerio de Hacienda procedía al pago del valor total del vehículo.
ENS: ¿Actualmente cuál es el cubrimiento?
RSA: Hoy en día esa póliza se ha venido deteriorando en las coberturas y no cubren la totalidad de los daños ocasionados en este tipo de eventos, tanto es así que el transportador pierde aproximadamente el 30% del valor comercial del vehículo.
Obviamente el sector no está conforme con este pago indemnizatorio puesto que si el transporte público de pasajeros es una actividad que debe garantizar el Estado, y por Constitución la debe prestar, por la incapacidad de hacerlo se le traslada a los particulares. Ellos no tienen por qué sufrir las pérdidas ocasionadas en estos eventos.
ENS: ¿Cuál es la razón por la que se modificó la cobertura?
RSA: Las razones que argumenta el Ministerio de Hacienda son presupuestales, que obviamente el sector no tendría por qué asumir esas pérdidas.
Hoy en día, el pago indemnizatorio corresponde al 90% del valor del vehículo según las tablas establecidas por Fasecolda, pero esas tablas no corresponden al valor real del parque automotor amparado.