Los contratos de concesión entre Transmilenio y sus operadores deberán ser modificados por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Tribunal aprovechó para hacer severos cuestionamientos sobre la manera como se reparten las utilidades y como redistribuyen los gastos de mantenimiento y operación.

En la decisión, el Tribunal se refirió a lo que consideró un evidente desequilibrio económico frente a las ganancias de los operadores: “Definir que la participación de Transmilenio S.A en las rentas del negocio sería solamente de los ingresos, pero adscribirle a dicha entidad cargas tales como los costos de funcionamiento y operación propios, y los costos de aseo, vigilancia y mantenimiento del sistema; es evidentemente desequilibrado”.

De inmediato, el alcalde electo Gustavo Petro aplaudió la decisión, que data del 11 de noviembre, pero apenas se conoció ayer, y tras anunciar su acatamiento, declaró: “Por el interés general de los bogotanos solicito muy respetuosamente que no se apele esa sentencia”.

Según el Tribunal, “al revisar el margen de utilidades de los operadores, es evidentemente rentable; el costo del mantenimiento de la estructura vial por la cual se movilizan los vehículos del sistema, debe ser mantenido, preservado y repuesto, con recursos provenientes del negocio y de manera alguna, puede adscribirse esa carga, en su totalidad únicamente a Transmilenio, como ha ocurrido hasta ahora, pues en ese escenario, para el Estado más que un negocio aquello sería una carga”.

La decisión tomada por los magistrados Carmen Alicia Rengifo, José María Armenta y Sandra Lisset Ibarra, indicó además que “en un escenario de rentabilidad del negocio no se explica cómo se le adscribe a Bogotá y a la Nación, la carga de mantenimiento de la estructura vial del sistema, la que cada día, además, será más onerosa, atendida la vida útil de las plaquetas o losas de concreto por las cuales transitan los vehículos del sistema; y además se le carga con otras obligaciones excesivas”.