Once países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, obtuvieron el aval de los demás socios del bloque para gravar las transacciones financieras (TTF), una medida ambiciosa para frenar la especulación y evitar una nueva crisis del sector financiero.

"Una cooperación reforzada fue adoptada" en la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea en Bruselas, afirmó el ministro francés de Economía Solidaria, Benoit Hamon, refiriéndose al extraordinario procedimiento que requiere la aprobación de este tipo de acuerdos por al menos nueve de los 27 Estados del bloque.

El gravamen a estas operaciones contribuiría a reducir las especulaciones financieras y estabilizar los mercados, argumentan los defensores de la idea impulsada sobre todo por Francia y Alemania. Además el sector financiero terminará de alguna manera pagando -aunque mínimamente- por las convulsiones que provocó en la economía mundial.

Ahora sólo hace falta "un texto práctico y rápido" de la Comisión Europea (ejecutivo de la UE) para que los once países que aprobaron el nuevo gravamen puedan aplicarlo, dijo el ministro francés.

"Es algo positivo, ya que hay once Estados de la UE que van a implementar una tasa que empieza a diseñar el mundo post Lehman Brothers", una de las entidades financieras más prestigiosas de Wall Street, cuya quiebra en 2008 empujó al sistema financiero global al borde del abismo, añadió.

Los firmantes son Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Austria, Grecia, Italia, España, Eslovaquia y Estonia. Se trata de la primera aplicación del procedimiento de cooperación reforzada entre países europeos en el ámbito de la fiscalidad.

Los demás países europeos podrán sumarse a la iniciativa, cuando así lo deseen.

Francia y Alemania, amparados por la Comisión Europea, unieron sus fuerzas para poner en marcha el impuesto en un grupo reducido ante la falta de unanimidad por este tema, que generó adhesiones y rechazos casi inquebrantables entre los países de la UE. En ese caso se tratará de una "cooperación reforzada" entre más de la mitad de los países del bloque europeo.

Según la propuesta inicial hecha por la Comisión hace 18 meses, pero que podría modificarse, serán sujetas a impuestos todas las transacciones entre instituciones financieras: bancos, bolsas, sociedades de inversión, compañías de seguros, fondos de riesgo (hedge funds).

Las operaciones con acciones y obligaciones serán gravadas en un 0,1% y los contratos derivados en 0,01%. La tasa se aplica cuando al menos un establecimiento financiero que haya participado en la transacción está establecido en la UE, incluso si la transacción se produce fuera de la Unión.

El ejecutivo comunitario señaló que si esta tasa fuera utilizada en el conjunto de la UE se podría alcanzar una recaudación de hasta 55 mil millones de euros. Pero al ser aplicada en once países, la recaudación "superará los 10 mil millones de euros", estimó el presidente francés Francois Hollande. Aunque según la ONG Oxfam, la recaudación será de 37 mil millones de euros.

Pero la medida generó tanto adhesión como rechazo: unos la ven como una solución para frenar el apetito de los tiburones financieros y otros creen que sólo una aplicación global garantizaría su éxito.

Reino Unido, país que alberga la principal plaza financiera europea y donde se realizan las tres cuartas partes de las transacciones financieras del continente, fue el principal opositor de la idea.

Tachada de utópica durante décadas, la medida recibió el beneplácito de varias ONG, que en su mayoría adujeron que es injusto que los consumidores que compran bienes y servicios paguen impuestos indirectos (IVA y otros tributos) mientras que en los mercados, los agentes pueden realizar transacciones de cualquier tipo sin estar sometidos a ninguna tributación.