La excesiva cantidad de trámites y licencias, además de contratos mal elaborados y proyectos con diseños defectuosos, tienen en el limbo a la infraestructura nacional, sobre todo con las obras destinadas a vías, puentes y construcción de carreteras.

La situación del sector es preocupante si se tiene en cuenta que el país debe enfrentar con dinamismo el aumento del comercio a raíz de la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y muy pronto con otras naciones.

De acuerdo a un análisis de la Asobancaria sobre esta situación en la infraestructura, “la brecha que la separa respecto de la que tienen las economías avanzadas es una de las más amplias en la región. Este rezago en la calidad deteriora en términos relativos la competitividad de los bienes y servicios nacionales, respecto de los de sus competidores. De esta manera, la calidad de la infraestructura se convierte en obstáculo para la expansión del comercio exterior y el crecimiento económico”. 

Indica el gremio financiero que “la necesidad de llevar a cabo proyectos de infraestructura en Colombia, por tanto, es grande. La magnitud de los recursos públicos para atender los requerimientos de ampliación y modernización de la infraestructura es insuficiente”.

Ante esta situación, el ingeniero y analista Oscar Gutiérrez sostiene que “además de la falta de recursos, las obras en ejecución sufren grandes atrasos debido a que son mal proyectadas, se exigen cantidad de licencias y trámites que dan para pensar que los organismos oficiales encargados de su aprobación van en contravía porque no hay comunicación directa y se  pierde el tiempo en reuniones”.

Como si esto no fuera suficiente, en vías se ha presentado el incumplimiento de las concesiones sobre las garantías ambientales, como si esta exigencia no se supiera con antelación al diseño de las obras.

Precisamente un informe de Caracol señala que los proyectos más importantes de infraestructura de Colombia, como son el Túnel de Oriente, el Túnel de la Línea, la Ruta del Sol, la Ruta Caribe y la Vía Córdoba- Sucre, que tienen un costo de 7.4 billones de pesos, están paralizados o suspendidos, o tienen afectación parcial.

Sobre la infraestructura del transporte, la Cámara Colombiana de Infraestructura expuso con antelación que ésta sigue rezagada. “De acuerdo con cifras oficiales, en 2011 se registró un incremento de 6.5% en el volumen de inversiones ejecutadas en la construcción de obras civiles. No obstante, es importante anotar  que  dicho  crecimiento  estuvo  explicado  principalmente  por  la  construcción  de infraestructura minero energética y de agua, lo que compensó una caída considerable de 4.8% en infraestructura de vías interurbanas”. 

Para la CCI es necesario incrementar  los  volúmenes  de  inversión  para  reducir  el  rezago  en infraestructura.  “Hacer esta claridad es fundamental, pues no debemos permitir que las cifras nos alejen de temas tan  prioritarios  como  lo  es  aumentar  los  volúmenes  anuales  de  inversión  para corregir  el  rezago  en  infraestructura  del  transporte”, sostienen. 

Para  la  CCI,  el  Ministerio  de Transporte  y  sus  entidades  ejecutoras,  si  bien  tuvieron  un  distractor  generado  por  la atención  de  emergencias  de  la  ola  invernal, en 2011 hubieran  podido  sacar  a  licitación proyectos  que  estaban  diagnosticados  y  relativamente  bien  estudiados  como lo eran los corredores de prosperidad y los corredores de rehabilitación y mantenimiento para el caso del Invías.  

Por su parte, los investigadores de la Asobancaria consideran que “la rigidez del régimen de contratación pública impide una eficaz ejecución de los recursos y ocasiona prácticas administrativas ineficientes e irregulares, que abren espacio para la corrupción. Entre ellas están las habituales extensiones y renegociaciones de los contratos de obras públicas y los de las concesiones, que generan sobrecostos para el Gobierno, despilfarro de los fondos públicos y oportunidades para prácticas de corrupción”.

Explican que otros cuellos de botella establecidos por la normatividad vigente, que demoran la ejecución de los proyectos, son la obtención de las licencias ambientales, la consulta previa, la adquisición de los predios y la reubicación de las redes de los servicios públicos.