Trago y carro: del afán no queda sino… | El Nuevo Siglo
Martes, 29 de Octubre de 2013

Que una vez más esté trabado el proyecto que propone un castigo drástico a los conductores borrachos tiene varias explicaciones. De un lado, es evidente que en materia legislativa no se puede actuar llevados por el emocionalismo y al tenor de la rabia de la opinión pública ante tragedias absurdas. A eso se le suele denominar “populismo punitivo”.

No hay que olvidar que este último proyecto de ley surgió en gran parte a raíz del eco mediático alrededor del caso del joven Fabio Salamanca que manejando ebrio embistió a un taxi en la madrugada del 12 de julio en Bogotá, dejando como saldo dos jóvenes profesionales muertas y el conductor del vehículo de servicio público gravemente lesionado.

En medio de la ola de condenas a Salamanca y la exigencia de mano dura a las autoridades, tras la instalación del Congreso se creó una comisión parlamentaria que consultó a varios sectores e instituciones y redactó un nuevo proyecto, que fue radicado a finales de septiembre e iba más allá de lo planteado por las anteriores iniciativas, todas las cuales naufragaron en el Legislativo.

Sin embargo, varias de las proposiciones del nuevo proyecto, cuyo objetivo inicial era el del castigo a los conductores ebrios, generaron reserva, pues no sólo fueron más allá de  ese espectro, hablando incluso de cárcel a conductores que causen accidentes fatales por imprudencia o negligencia (así no se hayan tomado una sola gota de licor), sino que varias de las sanciones económicas (desde decomisos de vehículos hasta las multas astronómicas) y administrativas quedaron en el ojo del huracán por faltar al principio de proporcionalidad delito-pena, al punto que un parlamentario se quejó de que “manejar borracho será más grave que ser un asesino” en Colombia. Igual se dijo que algunos artículos iban en contra de jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia.

Y a ello se suma que la propia Fiscalía y la Rama Judicial pusieron de presente que no tenían capacidad ni personal para afrontar el reto de la judicialización de conductores ebrios.

Y, de colofón, vendría el cambio de ministros, llegando a la cartera de Justicia un jurista, ex fiscal y exprocurador de la talla de Gómez Méndez, abierto crítico (desde mucho antes) de la tendencia a convertir todo en delito y creer que la solución está en encarcelar a todo aquel que viole la ley. Sus primeras intervenciones en el Congreso de inmediato impactaron la marcha del proceso.

Y, de telón de fondo, surgieron los peros en torno a que encarcelar a todos los conductores ebrios era imposible por el ya existente alto hacinamiento carcelario y la falta de estructura y orden en las llamadas “cárceles para choferes”.

En síntesis, el proyecto sobre conductores ebrios no ha avanzado en el Congreso porque no se han medido objetivamente sus alcances e implicaciones. Como dice el refrán popular: del afán no queda sino el cansancio…

 

Hoy se define suerte de castigo para conductores ebrios

Con el tiempo contado para que pueda ser tramitado en este periodo se encuentra el proyecto que endurece las sanciones a las personas que conduzcan en estado de embriaguez.

 

A pesar del interés que la iniciativa despertó entre las diferentes bancadas y en el Gobierno por el alto número de víctimas que en el país viene dejando esta conducta, los retrasos que se presentaron en la agenda legislativa y la prolongación de los debates de la ley estatutaria del referendo por la paz y la reforma a la salud, relegaron la discusión de la iniciativa.

 

Precisamente hoy, en una reunión de los senadores ponentes y el alto Consejero para la para la Seguridad y la Convivencia, Francisco Lloreda, saldrá el contenido definitivo del proyecto, para la presentación de su posterior ponencia.

 

Al respecto, el coordinador de los ponentes, el senador liberal Luis Fernando Velasco le dijo a EL NUEVO SIGLO que si las propuestas del Gobierno no afectan la naturaleza y el trámite, estas serán acogidas, de lo contrario serán rechazadas.

 

“El Gobierno quiere hacer unas propuestas mañana (hoy). A las seis de la tarde tenemos una reunión con el alto Consejero Francisco Lloreda. Vamos a evaluar  las iniciativas, y si son proposiciones que no distraen la atención central del proyecto, las defendemos, pero si vemos que nos quieren hacer un súper estatuto, pues nosotros quisiéramos sacar primero lo de conductores ebrios y lo demás que se pueda seguir debatiendo”, explicó el Parlamentario.

 

Velasco sostuvo que luego de esta reunión presentarán la ponencia para dar inicio a la discusión. “Esta misma semana hay ponencia. Aspiramos a que esta semana por lo menos radiquemos la ponencia en Senado para que citen a las comisiones conjuntas de Senado y Cámara para que empiecen el debate”, señaló.

 

Velasco descartó retrasos y dijo que el cronograma se está cumpliendo. “El cronograma se está cumpliendo. El cronograma es, en los primeros días de octubre, el proyecto; a finales de octubre, ponencia; primeros 20 días de noviembre, debate en las comisiones primeras; primera semana de diciembre, debate en la plenaria. Lo estamos cumpliendo. No hay retrasos”.

 

El NUEVO SIGLOintentó comunicarse con el alto Consejero para la Seguridad y la Convivencia pero no fue posible comunicarse con él.

 

 

Preocupación

 

A su turno, la representante del MIRA Gloria Stella Díaz, una de las autoras del articulado, expresó su preocupación por  la demora en la presentación de la ponencia.

 

“Hasta el día de hoy no han rendido ponencia. Estamos un poco preocupados porque el Gobierno mandó unas propuestas para que se le incorporara al proyecto lo relacionado con la conducción temeraria. El Alto Consejero habló del tema y quiere que las incluyan, pero me preocupa un poco porque ya estamos a 29 de octubre”, precisó.

 

No obstante, Díaz manifestó que la iniciativa todavía tiene tiempo para ser aprobada en Senado y dijo que no hay excusa, pues ya se evacuaron otros proyectos importantes como el referendo y la reforma a la salud.

 

“Con el mensaje de urgencia es obligatorio que se discuta en esta legislatura. No quiero que después la excusa sea ‘que no tuvimos tiempo’, pues así como ya se sacaron los temas como el Referendo, el Presupuesto General de la Nación y la Reforma a la Salud, creo que no hay nada que impida que se le dé trámite al proyecto”, subrayó.

 

Por su parte, el senador del Partido Verde John Sudarsky, integrante de la Comisión accidental para el tema de los conductores en estado de embriaguez, señaló que en el estudio del articulado surgieron dudas sobre varios aspectos jurídicos que deben ajustarse.

 

“Han surgido una serie de elementos adicionales jurídicos que no se habían considerado como por ejemplo en el tema del decomiso del automóvil ¿qué pasa si el vehículo está en leasing? o es propiedad de alguien más. También surgió el planteamiento que no se puede detener a nadie sin la Policía, pues resulta que en muchas partes solo existe Policía de Tránsito”, explicó Sudarsky.

 

 

TITULO: Propuesta del Gobierno

 

El pasado 2 de octubre el alto Consejero para la Seguridad y la Convivencia, Francisco José Lloreda anunció la presentación de varias propuestas relacionadas con la conducción temeraria.

 

La propuesta contempla castigo no solo para los que conduzcan en estado de alicoramiento, sino que abarca otras faltas. Las siguientes son las conductas que se plantean sean castigadas:

 

• Conducir bajo el influjo de alcohol y sustancias sicoactivas

 

• Exceso de velocidad

 

• Irrespeto a la luz amarilla o roja de los semáforos o a la señal de pare

 

• Conducir en contravía.

 

• Conducir sin licencia

 

• Realizar 'piques' de vehículos

 

• Invadir aceras, separadores, zonas verdes y vías especiales.

 

 

“No se trata de presentar un nuevo proyecto de ley. Ya hay cuatro proyectos de ley al respecto. Pero sí de presentarle al Congreso de la República estas reflexiones para construir entre todos una ley, que nos permita tomar en serio la accidentalidad vial y que no sigan los colombianos siendo lesionados o muriendo por este comportamiento irresponsable”, indicó Lloreda.

 

Señaló que durante la revisión técnica de las principales causas de homicidio y lesiones personales en accidentes de tránsito “encontramos que la conducción en estado de embriaguez es la sexta causa de muerte por accidente de tránsito”.

 

De acuerdo con cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, durante 2013 se han presentado 21,808 accidentes de tránsito en los que perdieron la vida 3.933 personas, y resultaron lesionadas 28.458.

 

Igualmente explicó que “el 6.9 por ciento de estos accidentes obedece a la conducción en estado de embriaguez; 10,9 por ciento por desobediencia a señales de tránsito, y exceso de velocidad 10,7 por ciento entre otros”.

 

 

Abecé del proyecto

 

Detención por manejar alicorado o bajo los efectos de alucinógenos, cárcel para conductores ebrios, extinción de dominio del vehículo y eliminación de beneficios por causar heridos o muertos, son los puntos clave del proyecto.

 

Manejar alicorado

 

Conducir en estado de alicoramiento, en cualquier grado, generará la detención temporal del conductor hasta la privación permanente de la libertad por reincidencia, así:

 

·       La primera vez que el conductor sea descubierto en dicha condición será confinado por 24 horas en un centro de retención y tendrá una multa igual al 25% del valor comercial del vehículo. Este servirá de garantía hasta el pago de la multa.

·       La segunda, el conductor será retenido por 24 horas, la multa será del 50% del valor comercial del vehículo, y firmará un acta de compromiso resolutoria, para nunca más volver a cometer esa infracción. 

·        Si reincide por tercera vez, el conductor será acusado de fraude a resolución judicial o administrativa por el no cumplimiento del acta, retención de la persona, inicio de proceso penal, y pérdida definitiva del vehículo. En este caso el infractor reincidente podría ser castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. También se aplica el decomiso definitivo del vehículo. Los vehículos serán subastados y entrarán a formar parte de un fondo que será manejado por el Ministerio de Salud para la reparación integral de víctimas de siniestros viales en el país.

·       Todas las conductas anteriores sin perjuicio de las sanciones que actualmente existen como la suspensión de la licencia de conducción, la inmovilización del vehículo y el curso al que se le obliga.

 

 

Cárceles para conductores

 

·       La ley  establece como lugar de detención de los conductores encontrados manejando en estado de embriaguez y aquellos que hayan ocasionado lesiones personales y muertes, los Centros Integrales de Atención. Actualmente hay habilitados 11 de estos centros, de 115 que existen en el país. Uno de los requisitos para que entren en funcionamiento los Centros Integrales es que deben tener listos los sitios de reclusión. Hasta ahora esta figura no ha sido aplicada. Los centros estarán bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

 

Incremento de penas

Se incrementa la pena dependiendo del homicidio culposo según el estado de embriaguez cuando haya un muerto o lesión. En estos casos no se permite la  excarcelación y otro beneficio como la casa por cárcel o descuentos en la pena.

 

 

 “No todo se resuelve con cárcel”: Minjusticia

 

En entrevista con este Diario, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, dijo que no está de acuerdo con que la cárcel para los conductores ebrios ayude a solucionar el problema. “En principio no creo que esa sea la solución, pero voy a asumir el debate del proyecto que se esté discutiendo en el Congreso”, dijo.

Sobre el hacinamiento carcelario y el proyecto de Código Penitenciario que hace trámite en el Congreso señaló que “el hacinamiento tiene varias aristas, varias maneras, varias causas. Primero tenemos que continuar lo que estaba haciendo mi antecesora, es decir conseguir nuevos cupos en las cárceles. En segundo lugar, vamos a analizar el tema de los derechos humanos  en las cárceles. Tengo que reunirme con la gente del Inpec, pero también con los funcionarios del poder  judicial”.