La segunda sesión ampliada del 2017 del Comité Departamental de Justicia Transicional (CDJT), fue instalada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para revisar el Plan de Acción Territorial (PAT) y los avances del Tablero PAT, herramienta en la cual los municipios de Cundinamarca registran las necesidades encontradas frente a los componentes de la Política Pública de Víctimas.
“Estamos comprometidos con la población víctima del conflicto armado interno y seguiremos adelantando acciones para garantizar el goce efectivo de sus derechos”, afirmó Jorge Rey.
Con presencia de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), las competentes del nivel departamental y municipal, alcaldes de los territorios y representantes de la mesa departamental de víctimas, fueron presentados algunos de los resultados y avances del Gobierno Unidos Podemos Más entre los cuales se destacan, entro otros los siguientes:
•Acompañamiento y asistencia técnica a los municipios del departamento en el proceso de caracterización, con el fin de promover mejores estrategias y acciones que permitan medir las condiciones de vulnerabilidad de esta población.
•Apertura de convocatorias para garantizar gratuidad en Educación Superior a través de la Universidad de Cundinamarca y acceso al programa “4x1 opción de vida, para lo cual se destinarán del Fondo Cuenta, $18.000 millones con el fin de suministrar al menos 600 cupos; en ese sentido, el gobernador, Jorge Rey, hizo un llamado a la población víctima para participar en las convocatorias con el fin de no perder la oportunidad.
•Se adelanta un contrato con el Ejército Nacional, por valor de $50 millones, a fin de garantizar los trámites y entregas de Libretas Militares.
•Asistencia técnica en la formulación de planes de prevención y contingencia en varios municipios con el fin de apropiar protocolos y herramientas para la atención integral a víctimas en el marco de la Ley. Además, apoyo jurídico en procesos de fortalecimiento de comités de Justicia Transicional en los territorios.
•Considerando la relevancia de la participación de los jóvenes en la construcción de una sociedad justa, incluyente y en paz, se implementó junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los municipios de Gutiérrez, Soacha, Tocaima y Gachancipá, la estrategia: “Jóvenes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, la cual busca empoderar y capacitar a jóvenes representantes de organizaciones juveniles, para sensibilizar, localizar y hacer un llamado a la acción.
•En el componente de reparación simbólica, se cuanta con un proyecto de memoria histórica, iniciativa articulada con Fondecun y la Universidad Nacional, que aporta a la construcción de la verdad sobre lo sucedido en los municipios priorizados del departamento.
Este proceso se desarrolla con la participación directa de las víctimas del conflicto armado.
•Junto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y una inversión superior a $500 millones, se desarrolló un proyecto con el que se aunaron esfuerzos para cooperar en la construcción de estrategias integrales para la intervención en temas relacionados con la protección a la Primera Infancia y la adolescencia; el empoderamiento de las mujeres líderes; la prevención de acciones violentas contra los menores de edad; la trata de personas y los delitos sexuales además de la formación y construcción de proyectos productivos.
•A través de la Secretaría de Agricultura departamental, para la vigencia 2017, 211 familias serán beneficiadas con proyectos productivos por $500 millones del departamento y una contrapartida de $77.781.818 por cuenta de los municipios.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en el departamento se encuentran 138.327 personas que han sufrido daños o afectaciones como consecuencia del conflicto armado interno, de ellas, un 70% ha sido caracterizada, este es un proceso de gran importancia que permite conocer la situación de esta población en sus diferentes componentes, dimensiones y situaciones.
Por hecho victimizante, entre otros, 151 personas se reportan como víctimas de abandono o despojo forzado de tierras, 920 por actos terroristas, atentado, combates y hostigamientos; 6.173 por amenaza; 271 por delitos contra la libertad y la integridad sexual; 16.793 (víctimas directas: 4.501. víctimas indirectas: 12.292.) por homicidio; 2.357 por desaparición forzada (víctimas directas: 664. víctimas indirectas: 1.693) y 112.009 por desplazamiento, siendo este último el hecho victimizante más común.