Mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde ya determinó el límite máximo del monto de gastos de las campañas de las listas de candidatos inscrita al Senado y la Cámara de Representantes para los comicios del año próximo, aún no hay resultados concretos de las investigaciones que abrió este organismo por las presuntas violaciones de los topes en las elecciones regionales de 2011.

Con la Reforma Política de 2009, Acto Legislativo 01, las violaciones a los topes de gastos de campaña dejaron de ser un ‘saludo a la bandera’, que apenas era castigado con multas. Precisamente, por contravenir esta norma el Consejo Nacional Electoral multó a cinco candidatos que participaron en las elecciones regionales de 2007.

Sin embargo, a partir de los comicios regionales de octubre pasado, en los cuales participaron más de 100.000 candidatos, la violación a los gastos de campaña tiene severas sanciones, que en el caso de los candidatos elegidos, les hace perder de forma automática la investidura.

En tanto que los partidos y movimientos políticos que violen o toleren la violación de los ingresos o gastos de campaña pueden ver suspendida o privada la financiación anual que entrega el Estado para su funcionamiento; la suspensión o cancelación de la personería jurídica; la suspensión del derecho a inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la cual se cometió la falta.

Tras los comicios regionales de 2011, el Consejo Nacional Electoral inició las investigaciones de rigor en todas las regiones del país con base en las demandas que se presentaron, los informes de gastos de campaña que los candidatos a cargos uninominales y corporaciones están obligados a hacer llegar al organismo después de los comicios. Incluso se tuvo en cuenta la información que los propios candidatos subieron en tiempo real al portal Cuentas Claras, el cual después de cuatro años de prepararlo fue estrenado en los comicios de 2011. En el mismo los aspirantes debían detallar todos los ingresos y gastos de sus campañas.

En tanto que los candidatos tenían hasta un mes luego de las elecciones territoriales, es decir hasta el final de noviembre de 2011, para entregar a sus respectivos partidos y movimientos políticos las cuentas de los dineros que entraron y salieron de sus campañas. Mientras que el 31 de diciembre de ese año venció el plazo para que las colectividades entregaran esas cuentas al CNE.

En ese sentido, a mediados del año anterior el Consejo Nacional Electoral ya tenía abierta investigaciones preliminares por presunta violación de los topes electorales en 24 departamentos, según le explicó en esa oportunidad a este Diario el entonces presidente del organismo, magistrado José Joaquín Plata. “Efectivamente en los departamentos en donde hubo tribunales de garantías se abrieron investigaciones. De los 32 departamentos en 24 hay apertura de investigaciones, están en indagaciones preliminares y se está cotejando la información que presentaron los candidatos con la que tiene el Consejo Nacional Electoral, suministrada por los tribunales seccionales de garantías”, dijo.

Se conoció que esas investigaciones preliminares correspondían a 14 campañas a gobernación y en 37 municipios en cuanto a alcaldías, concejos, asambleas y juntas administradoras locales.

Responde el CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Carlos Ardila Ballesteros, indicó que las investigaciones por las presuntas violaciones a los topes electorales en los comicios de 2011 avanzan, como en los casos de candidaturas para alcalde de los municipios de Cota (Cundinamarca) y Puerto Gaitán (Meta), aunque con grandes dificultades porque no existe un mecanismo efectivo para comprobar que una campaña se excedió en sus gastos, además de que el organismo no tiene los medios ni las ayudas para adelantar esta función.

“La verdad es que no hay un mecanismo legal fácil para acreditar que se violaron los topes, es una pesquisa jurídica muy complicada”, dijo el magistrado Ardila. Por ejemplo, explicó, cuando se trata de establecer cuánto pagó por publicidad la campaña investigada, “la gente viene y bajo juramento dice que solo cobraron tanto. Cuando es un grupo musical, tranquilamente dicen que solo cobraron tanto porque era un contrato más grande que incluía presentaciones en otros sitios. Todo el mundo se va bajando y no tenemos un apoyo de policía judicial claro y certero para tratar de descubrir eso. Ahí están avanzando pero no es fácil para el Consejo Electoral producir una resolución acreditando que se han violado los topes”.

Incluso, indicó el magistrado Ardila, el Consejo Electoral no cuenta con los recursos para adelantar en el terreno este tipo de investigaciones. Como ejemplo dijo que para que el magistrado que está a cargo del caso de Puerto Gaitán ordenara “un peritazgo sobre cuánto podía valer unas cartillas que regaló el Alcalde de Puerto Gaitán, porque decían que eso no había valido nada, nos tocó sacar plata del escaso presupuesto de la Corporación para pagar esos peritos porque no había de dónde pagarlos. La herramienta es casi ninguna, o sea es una cosa de la Ley, no nos puso a disposición al CTI ni a la Policía Judicial, entonces nosotros hacer investigación como detectives, no es fácil”, dijo el magistrado Ardila.

Añadió que, por ejemplo, “en uno de los casos de Cota, ordené una inspección judicial allá con dos funcionarios míos para mirar en el sitio en donde se llevó a cabo la manifestación, que según las cuentas que presentan, dicen que no costó nada, que fue baratísimo, a ver si le recibimos testimonio a algunas personas que vivan ahí en los alrededores, y para cada una de esas cosas, nos toca desprendernos de las cuatro-cinco personas que tengo aquí, porque no tengo cómo mandar pedirle a una autoridad de policía judicial que investigue”.    

Techo para 2014

Mediante la resolución Nº 0228 expedida en días pasados, el Consejo Nacional Electoral determinó el límite máximo del monto de gastos de las campañas de cada una de las listas de candidatos inscrita al Senado de la República.

Toda la lista de los aspirantes a Senado no podrá gastar en total más de treinta mil ciento ochenta y ocho millones de pesos. En cuanto a las listas de candidatos al Senado dentro de la circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, el monto máximo será de trescientos treinta y cuatro millones de pesos.

Para cada una de las listas a Cámara de Representantes en departamentos con más de 1 millón de habitantes, el monto no podrá exceder de cuatro mil treinta y cuatro millones de pesos. En el caso de Bogotá, la cifra sube a cuatro mil doscientos cincuenta y siete millones de pesos.