El Consejo Superior de la Judicatura adoptó medidas administrativas requeridas con el fin de evitar que prescriba la acción penal contra varios de los implicados en el desplome de la firma Interbolsa, afectando los dineros de los inversionistas. Con esa intención trasladaron a otro despacho más de 200 procesos que lleva la jueza 33 penal de conocimiento, con el fin de que pueda ocuparse de uno de los descalabros financieros más grandes del país.

En días pasados, el fiscal Néstor Martínez hizo un llamado a los jueces para dar celeridad al proceso por el descalabro financiero de la comisionista Interbolsa, pues la etapa de juicio a varios de los principales responsables no tiene mayores avances  en cuatro años y ante la inminente prescripción de la acción penal podría terminar con fallos absolutorios. Por ello solicitó en carta al Consejo de la Judicatura se estudie designar un juez y un magistrado para que se dediquen exclusivamente a este caso.

Ayer la Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Martha Lucía Olano de Noguera, dijo que “el cambio de juez no se justifica en estos momentos porque el nuevo funcionario tardaría en estudiar el proceso que se torna tan voluminoso, por lo tanto continuará las misma jueza con ese caso y se le separa de unos 228 procesos, y tenga dedicación exclusiva a los casos emblemáticos”.

Igualmente se instruyó para que la juez como directora del proceso tome las medidas pertinentes para evitar dilaciones provocadas por los abogados de las partes, quienes han interpuesto cerca de 2.000 recursos y pruebas. Además de que la Judicatura se reserva la facultad para que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria inicie las investigaciones ante las medidas dilatorias de estos señores abogados.