El pulso acerca del Tribunal de Aforados sigue vigente entre los ponentes del proyecto de equilibrio de poderes y ajuste institucional.

“No hay acuerdo. Lo que se debe poner a consideración de la plenaria del Senado es en primer lugar lo que se aprobó en la Comisión. Y en segundo lugar, si hay proposiciones alternativas de lo que se aprobó en la Comisión, también se pueden poner a consideración”, le explicó a EL NUEVO SIGLO la senadora Claudia López, de la Alianza Verde.

Así, hasta ahora lo que discutirá la plenaria será lo que se aprobó en la Comisión, como se había acordado al principio entre los integrantes del grupo de ponentes.

López manifestó que la forma como quede el Tribunal de Aforados no depende de la ponencia, no depende de los ponentes, “depende de cómo voten los 102 senadores en la plenaria del Senado y allí tenemos un chance bastante razonable”.

“Hay diferencias sobre que tenga dientes y capacidad de juzgar, o es un ‘Tigre de Papel’ que sigue generando impunidad. La propuesta del Gobierno, del fiscal y de las Cortes es que sea un ‘Tigre de Papel’, una comisión que solo pueda investigar, pero que el juzgamiento siga siendo político en el Congreso”, dijo.

La senadora López recordó que la propuesta aprobada en la Comisión Primera es un Tribunal serio, con dientes y que tendrá dientes y garantías para poder investigar y juzgar en Derecho a los aforados, “de manera que esa sigue siendo la diferencia de fondo”.

Por su lado, el senador del Parido Social de Unidad Nacional (La U), Roy Barreras, manifestó que “lo que hemos podido conocer es que no está claro el origen de ese tribunal. Hay acuerdo en que las altas Cortes, por las decisiones que toman, necesitan protección de fuero”, como ocure en casi todas las altas Cortes del mundo; “también está claro que es altamente inconveniente que no hay Corte de cierre y que se cree una especie de supertribunal por encima de las Cortes”, agregó.

En lo que no hay acuerdo, aseguró Barreras, es en lo que tiene que ver con el origen del Tribunal. “No puede ser un Tribunal elegido por las propias Cortes para que se se juzguen a sí mismas ni siquiera en la etapa de instrucción. En el origen de Tribunal no hay acuerdo”.

Barreras indicó que hacia el mediodía de hoy la bancada de La U discutirá la ponencia para llegar a la plenaria con unos puntos precisos.

El ponente del Partido Liberal, Horacio Serpa, recordó que los magistrados del Consejo de Estado serían juzgados por el Tribunal de Aforados y ese sigue siendo en punto polémico.

“En la reforma de equilibrio de poderes se llegó a una determinación que es acabar con la Comisión de Acusaciones. Según la Constitución del 91 y antes de la del 86 había que hacer el juzgamiento de los altos funcionarios entre ellos el Consejo de Estado”, recapituló Serpa, expresando que sobre la mesa hay dos propuestas: una la creación de un Tribunal de Aforados para que haga investigación sobre las conductas atribuibles a estos funcionarios, y que la investigación se presente a la Cámara y si la Cámara lo considera apropiado, porque hay pruebas correspondientes, presente ante el Senado acusación, “de manera que si se comprueban faltas fiscales o disciplinarias, el Senado sancione y si hay faltas penales pasan a la Corte Suprema de Justicia”; la otra consiste en crear un Tribunal de Aforados que puede ser de investigación y de juzgamiento, lo que a mí me parece inconveniente porque es crear una supercorte, eso es crear a los altos poderes judiciales una supercorte.

 

 

No a nuevos temas: Santos

 

El presidente Juan Manuel Santos advirtió ayer que el Gobierno nacional no permitirá que se incluyan nuevos temas en el proyecto de equilibrio de poderes.

Así lo afirmó el jefe de Estado en una declaración a periodistas, al término del Consejo de Ministros cumplido en la Casa de Nariño.

“No vamos a permitir que se incluyan más temas. Eso quiere decir que vamos a proteger esta reforma de esas prácticas que se han utilizado en el pasado, de incluirles temas de otra índole. Eso va es deformando la reforma y se van presentando inclusive oportunidades para introducir reformas inconvenientes”, aseguró el mandatario.

“O sea que, a partir de este momento, hay un acuerdo con los ponentes de no permitir que se incluyan temas nuevos en los próximos siete debates”, agregó.

Así mismo, el presidente reiteró que el principal objetivo de la iniciativa es eliminar la reelección presidencial, y resaltó la conveniencia de las listas cerradas con miras a “ordenar y fortalecer a los partidos políticos y las elecciones parlamentarias en general”.

“La base de toda esta reforma es eliminar el famoso ‘articulito’, es decir eliminar la reelección, que es tal vez el paso que ha generado más desequilibrio de poderes”, sostuvo.

También subrayó la necesidad de que todos los departamentos del país tengan representación en el Senado y recordó que en las pasadas elecciones parlamentarias, efectuadas en el mes de marzo, 13 departamentos se quedaron sin representación en la Cámara Alta.

“Eso nos parece inconveniente desde el punto de vista de la fortaleza y representatividad de nuestra democracia”, expresó.

Insistió en la necesidad de que la gobernabilidad de la justicia sea reformada, y manifestó que de allí surge la conveniencia de “reformar el Consejo Superior de la Judicatura y el concepto de la ‘puerta giratoria en la justicia’”.

“Todo el país está de acuerdo en que eso no es conveniente”, señaló.

Frente a las iniciativas impulsadas por los partidos, el mandatario reafirmó la disposición del Gobierno para incorporar reformas que las colectividades consideren convenientes, y recordó que “de ahí salieron las iniciativas de los partidos de la ‘silla vacía’ para los corruptos, sobre lo cual ya hay un consenso, y una mayor garantía de participación de las mujeres en la política”.

El jefe de Estado también afirmó que asuntos como el voto obligatorio, el Tribunal de Aforados y el mecanismo de elección del procurador fueron puestos en discusión por los partidos.

“El Gobierno lo que quiere es permitir la discusión de estos puntos, como le corresponde al Congreso”, aseguró.

Para terminar, destacó la importancia que el Legislativo sea autónomo para proponer iniciativas y ponerlas sobre la mesa de discusión.

“Eso también contribuye muchísimo al equilibrio de poderes”, puntualizó.

 

 

Proponen eliminar puntos “innecesarios”

 

Para algunos congresistas se debería dejar solamente un punto es que es el tema de la eliminación de la reelección presidencial.

Uno de ellos es el senador Antonio Navarro, de la Alianza Verde, quien dijo que la reforma tiene demasiadas cosas, “tiene demasiados artículos, la simple lectura toma por lo menos una hora”, considerando que “lo mejor es quedarse con un solo artículo: prohibir la reelección”.

Por su parte, el senador del Partido Conservador, Eduardo Enríquez, admitió que “es una reforma compleja por la variedad de temas, que no tienen un hilo conductor. Usted encuentra ahí temas como por ejemplo de tipo electoral, temas referentes en relación a cúpula de las autoridades operadoras de la justicia y temas como el de los organismos de control”.

Sin embargo, Enríquez señaló que “esta reforma tiene vocación de permanencia, esta reforma resuelve necesidades que el pueblo de Colombia espera”, anunciando que “vamos a la plenaria hacer un análisis muy completo”.

Para el senador Rodrigo Villalba, del Partido Liberal, “lo único que uno encuentra allí es la eliminación de la reelección presidencial, pero lo demás a los congresistas no les gusta”.

Entre tanto, el senador Roberto Gerlein, del Partido Conservador, manifestó que “creo que ese proyecto no va a llegar a ninguna parte, a no ser que sea la simple reelección presidencial”.

 

Así va la ponencia

 

Tribunal de Aforados

 

En la ponencia el número de integrantes del Tibunal de Aforados se redujo a 5.

El propuesto pliego de modificaciones contemplaría que sean 5 los miembros que integren el supertribunal. Además serían elegidos por el Congreso en pleno de ternas elaboradas por la Sala de Gobierno Judicial a partir de un concurso organizado por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. Las decisiones de archivo de la Cámara de Representantes harán tránsito a cosa juzgada.

 

Otras modificaciones

 

Para el segundo debate se incluiría en el grupo de los funcionarios que la Cámara de Representantes acusaría ante el Senado a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, al registrador, al procurador y al contralor.

 

Impedimentos para candidatos a procurador y defensor

 

Inhabilitarían al procurador para “desempeñar el cargo de contralor, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo Nacional de Disciplina Judicial o Tribunal de Aforados” y tampoco podría “aspirar a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones”.

Este mismo régimen de inhabilidades regiría para el defensor del Pueblo, a quien además no se le permitirá aspirar a la jefatura de la Procuraduría.

 

Sobre el Consejo Nacional de Disciplina Judicial

 

Esta entidad sería el reemplazo del Consejo Superior de la Judicatura y se convertiría en un sistema de gobierno y administración judicial. Además se advierte, en el artículo 28 de la ponencia que será estudiada en la plenaria del Senado, que sus miembros no podrán ser reelegidos luego de los 8 años de periodo.

 

Convocatoria pública para elección del contralor

 

El contralor será elegido por el Congreso en pleno de “listas de elegibles conformadas por convocatoria pública”.

La propuesta de ponencia señala que “este tipo de elección es más dinámica frente a la propuesta aprobada en la Comisión Primera, la cual pretendía que la elección fuera organizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil”. Además, agrega que quien haya ejercido en propiedad este cargo, no podrá fungir, como magistrado del Consejo Nacional Electoral o del Consejo Nacional de la Disciplina Judicial o del Tribunal de Aforados.

 

Sobre los partidos políticos

 

La ponencia en estudio expresa que los partidos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno lo relativo a los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o por coalición de ellos.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica y o grupos significativos de ciudadanos que participan electoramente.

 

Edad de retiro forzoso

 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Y deberán retirarse cuando lleguen a los setenta años de edad, excepto para los cargos de elección popular. 

 

La circunscripción nacional

 

En la ponencia para la plenaria del Senado se propóne decir que la cámara alta estará integrada por cien miembros. Habrá un senador por cada uno de los departamentos con menos de 500.000 habitantes, de acuerdo con el último censo electoral y los demás se elegirán por circunscripción nacional.

 

Facultades para presentar proyectos de ley

 

La Corte Constitucional, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el procurador y el contralor tendrían la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.

 

Listas ‘cremallera’

 

La iniciativa consiste sencillamente en que se permita que el número de mujeres en las listas para los cargos de elección popular –Congreso, asambleas y concejos- sea el mismo de los hombres. La norma quedó incluida en el nuevo artículo 262 de la Constitución (hasta ahora 263). El texto señala que en las listas que presenten los partidos o movimientos políticos para esas corporaciones “alternarán hombres y mujeres, ocupando los de un género los puestos pares y los del otro los impares”.