La titulación minera desordenada, prolija, improvisada y oportunista ha conducido a que el panorama sea realmente desolador, tal como lo argumenta la contralora General, Sandra Morelli.

Se trata del lanzamiento de los volúmenes 3 y 4 de la serie de libros de la entidad sobre “Minería en Colombia”, que realiza hoy Morelli.

La funcionaria adujo que en este proceso de titulación no se respetaron las zonas de reserva natural, ni las tierras fértiles de vocación agrícola, ni los asentamientos humanos de comunidades ancestrales o de comunidades recién asentadas en busca de la reconstrucción de tejidos sociales y tratando de superar su condición de víctima de la violencia.

El volumen 3 de "Minería en Colombia" está dedicado a analizar el tema de "Daños ecológicos y socio-económicos y consideraciones sobre un modelo minero alternativo".

Y el volumen 4 toca lo referente a "Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto".

“Para la Contraloría General de la República es de suma importancia el impacto que a nivel nacional e internacional ha tenido la periódica publicación de sus informes, evaluaciones y análisis sobre la minería como sistema extractivo complejo desde las distintas perspectivas que confluyen en la política pública respectiva”, dijo.

El desbordado licenciamiento minero de los últimos lustros arrolló por igual a grandes propietarios de latifundios y a colonos ubicados en pequeñas extensiones de tierra.

Todos ellos fueron tomados por esa maquinaria, que al interior del ejecutivo se dedicó a otorgar títulos con eficiencia sospechosa, incluso beneficiando a los mismos funcionarios que se hicieron a contratos de concesión en áreas reducidas.

Es preciso que “la minería en Colombia deje de basar sus intervenciones en una clara falla de reconocimiento de sujetos, individuales y colectivos, de especial protección jurídica, como son campesinos, mujeres, pueblos y comunidades étnicas”.