No para la polémica en Santa Marta por la propuesta, primero de la Gobernación y ahora de la Alcaldía, de crear una tasa para financiar programas de seguridad.

En el primero de los casos, la tasa fue suspendida por una decisión el pasado 29 de abril del Tribunal Administrativo del Magdalena, al considerar que si bien la ley faculta a los departamentos y municipios para crear tasas o sobretasas para financiar fondos territoriales de seguridad, para el caso de Santa Marta no aplica por tratarse de un Distrito, por lo que los recursos recaudados allí no pueden ser utilizados para financiar el fondo departamental.

Por su lado, la administración del alcalde Carlos Caicedo presentó un proyecto de acuerdo para crear la tasa y sobretasa para financiar el fondo de seguridad local, iniciativa que empezó con pie derecho su discusión en el Concejo, en donde fue aprobado en primer debate.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio local César Riascos dijo que “no somos ajenos a la difícil situación de inseguridad que viven la ciudad y el departamento, como tampoco podemos  desconocer las urgentes necesidades y los pocos recursos con que  cuentan las autoridades y en particular la Policía Nacional para hacerle frente a esta problemática, pero también es cierto que se deberían explorar otras alternativas para recaudar recursos destinados a la seguridad ciudadana”.

En tanto el concejal Aristides Herrera, del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), presentó en la Corporación ponencia favorable al proyecto, en la cual señala que “se pretende crear una tasa de seguridad y convivencia que permita a la Administración Distrital contar con mayores recursos para este grave problema, imponiendo como hecho generador del tributo actividades financieras, específicas actividades comerciales, actividades portuarias y en particular el cargue y descargue del carbón desde la jurisdicción del Distrito de Santa Marta. Es necesario resaltar este hecho en concreto porque al aprobar este proyecto no solo estamos garantizando mayores recursos para la seguridad, sino que se está exigiendo a las empresas carboneras cancelen un poco más  por el movimiento de ese mineral”.