Se revivió el desencuentro del Gobierno nacional y los alcaldes del país por el poder de veto que tiene el primero de éstos en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), instancia en la cual se aprueban proyectos regionales financiados con recursos de regalías.

Ayer en el marco del foro-taller “Esquemas Asociativos: Contexto, Prácticas y Retos”, el cual fue organizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y la Federación Colombiana de Municipios, el director Ejecutivo de éste último, Gilberto Toro, dijo al momento de referirse a los proyectos para financiar obras de impacto local que “con el Presidente de la República acordamos que ya no podíamos permitir que llegara un funcionario de Planeación Nacional, sin conocer muy bien cómo fue que subió el proyecto, al decir que no le gustaba”.

Toro añadió que “pensé que eso ya lo habíamos superado, estoy hablando en este caso del Fondo de Compensación y de los proyectos de impacto local, que supuestamente y de acuerdo con lo que quedamos en Cartagena con el señor Presidente, casi que el OCAD municipal era un trámite porque está en la Constitución, pero que no iba a ser un obstáculo más como el que venía siendo. Pero si ya Planeación o el Departamento van a volver a oponerse a los proyectos que tengan la calidad técnica, porque por razones de política o porque el funcionario del gobierno departamental se habló con el funcionario del Gobierno nacional antes de llegar al OCAD y vamos a decir ‘no vamos a aprobar este’, como ha pasado”.

Toro hizo estas afirmaciones luego de indicar que “estamos trabajando en buscar ayudar a los municipios y las asociaciones a tener esa capacidad institucional  de producir proyectos, pero además con un brazo técnico que acabamos de crear, en que tenemos puestas todas las esperanzas, es la banca de inteligencia de inversión municipal”.

Explicó que “básicamente es que los municipios que nos lo solicite, la banca les estructura el proyecto, se lo estructura con todas las de la ley, garantizando que llega al OCAD respectivo y se lo aprueban”.

Sin embargo, Paula Ximena Acosta, subdirectora Territorial y de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación salió al paso de esta afirmación. “No se puede garantizar que se lo aprueben los OCAD, esa es una decisión del OCAD, pueden garantizar la calidad técnica, pero la aprobación no es un tema que permita que haya alguien de los miembros del OCAD, que son absolutamente soberanos en su decisión”, que pueda garantizar  la aprobación de proyectos, dijo.    

Acosta añadió que desde Planeación Nacional celebran la creación de la banca de inteligencia de inversión municipal en su objetivo de ayudar a estos entes territoriales en la estructuración de proyectos de obras que aspiran a ser financiados con recursos que tienen su origen en las regalías, no obstante reiteró que  “el único que tiene la capacidad para aprobar proyectos es el OCAD”.

Voto

Los OCAD están conformados por representantes del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal o Distrital, en donde cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un  voto, para un total de tres  votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos  votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto.

Sin embargo, la Ley 1606 de Presupuesto de las regalías para el bienio 2013-2014, por 17 billones de pesos, aprobada el año anterior, facultó al Gobierno nacional para frenar la decisión que tome un OCAD sobre la aprobación de un proyecto. Al respecto el artículo 31 de dicha Ley indica que “en desarrollo del mandato previsto en el inciso 8o del artículo 361 de la Constitución Política, los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento por los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su aprobación y designación de la entidad pública ejecutora deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional.

Así mismo y en desarrollo de lo previsto por el inciso 9o del artículo 361 de la Constitución Política, los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo al 60% del Fondo de Compensación Regional deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional”.