NO TUVO buen recibo en expertos judiciales el proyecto de acto legislativo que busca un nuevo marco jurídico para futuras desmovilizaciones, y que fue aprobado en su primer debate la semana pasada por la Comisión Primera de la Cámara.
Ex fiscales, ex procuradores, ex magistrados y constitucionalistas le expresaron a EL NUEVO SIGLO sus reservas y reparos contra la iniciativa de autoría del senador vallecaucano Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), y que ha sido promovida por el Gobierno.
Este es el texto de la reforma constitucional que inició trámite en el Legislativo. “Artículo transitorio 66.- Los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Estos instrumentos buscarán la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y la reintegración efectiva de los desmovilizados. La Ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades.
La Ley podrá diseñar instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o no judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción.
El Congreso de la República, a iniciativa del gobierno nacional, determinará mediante Ley los criterios de selección y en consecuencia podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o a la suspensión de la ejecución de la pena. En todo caso se aplicarán mecanismos no judiciales para el esclarecimiento de la verdad y la reparación administrativa de las víctimas”.
El ex procurador general Jaime Bernal señaló que hay que corregir las “demasiadas” facultades que se le están atribuyendo al Presidente de la República.
“Me parece que tienen que hacerle unos ajustes, porque hay puntos muy imprecisos, no es claro qué grupos pueden ser incluidos, y me parece que pueden ser demasiadas las facultades que se le están atribuyendo al señor Presidente, que no son necesarias”, afirmó.
El ex fiscal Alfonso Gómez señaló que no hay necesidad de formular más leyes para otorgar indultos o amnistías, porque ya las hay: “La Constitución actual tiene esos mecanismos, ya hay unos mecanismos en el ordenamiento jurídico, como la ley de amnistía, del indulto, que han existido siempre, y con base en las cuales por ejemplo, ha habido procesos exitosos como el del M-19, el del Epl, con vigencia de la Constitución de 1886. Luego, desde 1997 hay una serie de mecanismos que le permiten al Estado buscar una solución”.
“Yo lo que veo de ese texto, tal como lo han publicado, que si bien es buen intencionado, lo que hace es dejar que la ley pueda tomar ciertas determinaciones. Es una lástima que no haya habido controversia, debate, discusión en la Comisión Primera; este texto debe ser divulgado, estudiado”, aseguró.
Por su parte, el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, indicó que no se puede reforma la Constitución por reformarla.
“Cada vez que alguna norma, de orden inferior a la Constitución, no resulta conforme a la Carta, la solución es reformarla. Eso es jugar con la Constitución, eso es sumamente peligroso, lo que significa inestabilidad jurídica. De manera que, si lo que se quiere es propiciar que algunas de esas personas puedan volver al marco de vida civil, habrá que pensar por ejemplo, en si se les puede dar el mismo tratamiento a los delincuentes que se alzaron contra el Estado, con los que se encuentran en posesión irregular de las armas para cometer delitos. En ese sentido, está orientada la discusión del proyecto, y por esto creo que va tener muchas dificultades para su aprobación”, manifestó.
El ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez, ya le había dicho a este Diario que al ser la justicia transicional de carácter de transitoria, no se le puede dar el carácter de permanente por medio de una reforma constitucional.