Los historiadores de la violencia en Colombia siempre insisten en que la génesis del conflicto armado interno ha sido el pleito por la tierra. No en vano los orígenes de la guerrilla fueron rurales y la constante de la ecuación bélica ha girado en torno a la capacidad de control territorial del Estado y la subversión en el campo más que en las ciudades.

Tras cinco décadas de conflicto, lo que ayer quedó claro durante la instalación de la mesa de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en Oslo (Noruega) es que el pleito central continúa girando alrededor de la tierra, pero ya no en el viejo pulso sobre la propiedad (terrateniente vs. minifundista), sino que ahora evolucionó a un concepto más moderno y determinante: la rentabilidad rural.

Más allá de los apartes panfletarios del discurso del cabecilla Iván Márquez, así como de la clara intención de no desaprovechar el escenario internacional y mediático para ‘tirar línea’ sobre la ‘causa guerrillera’, lo más destacable del pronunciamiento subversivo es que el tema central de la negociación para ellos es la rentabilidad rural, entendida no sólo desde el punto de vista de la vocación de la propiedad, sino desde la función social, política e institucional que esta cumple. No en vano el primer punto de la agenda será el del desarrollo rural integral.

¿Para qué utilizar la tierra? Ese es el interrogante central del proceso. Para las Farc, que tratan ahora de mostrarse (a nivel internacional) como un movimiento subversivo de origen y defensa de todas las causas y pleitos campesinos, la minería a gran escala, los proyectos hidroeléctricos, la agroindustria de amplio espectro y las grandes obras de infraestructura están cambiando la vocación rural del país, desplazando al agro y, por ende, al campesinado.

No es casualidad que todo el discurso de Márquez hiciera énfasis en los principales pleitos entre campesinado y operaciones de multinacionales en carbón, petróleo, oro, coltán, níquel y otros recursos naturales no renovables. Y tampoco es gratuito que en cada uno de los problemas puntuales que trajo a colación las Farc en torno al pleito de cómo rentabilizar el campo, el común denominador es un pulso entre el campesinado y los grandes capitales, multinacionales o terratenientes. Su alusión a la “soberanía alimentaria”, que obviamente se enfoca en que el campo siga concentrado en la producción de víveres y no en la explotación de las riquezas del subsuelo, no hace más que revalidar que el fondo del pleito y del pulso en la mesa de negociación estará centrado alrededor del tema de la utilidad y rentabilidad de la tierra en las zonas rurales, y como deben redistribuirse su plusvalía.

El problema aquí para la guerrilla es que el Gobierno, dentro de su estrategia político-social unilateral, ya viene adelantándose a los propios postulados y banderas de antaño de la subversión. La Ley de Reparación a Víctimas de la Violencia y el Programa de Restitución de Tierras a desplazados y despojados son descalificadas por la subversión, no porque sean ineficaces, sino porque a través de ellas el Ejecutivo le quitó a las Farc una de sus principales plataformas discursivas y de reivindicación de su ‘causa’. En otras palabras, porque el Estado demostró que puede reparar a los afectados por la violencia sin que medie un proceso de paz o una ‘presión armada popular’.

Pulso verde

Pero hay un segundo elemento. A diferencia de anteriores alegatos subversivos, en esta ocasión las Farc ‘modernizan’ su plataforma discursiva con un asunto central y determinante: el medio ambiente.

Es clara la intención de Márquez al tratar de meter a las Farc en el pulso entre la preservación del entorno natural y la rentabilidad de la minería y la agroindustria a gran escala (grandes cultivos, ganadería extensiva, plantaciones forestales industriales…).

¿Por qué este interés repentino en el medio ambiente? Sencillo, porque las Farc saben que el principal freno a la minería de mediana y gran escala es, hoy por hoy, los controles ambientales que evitan una depredación del entorno.

No es un asunto nuevo. Los propios gremios agrícolas, grupos ambientales o “verdes” y el Ministro de Agricultura han advertido los riesgos que implican que tierras que estaban dedicadas al agro terminen cambiando de vocación y sean destinadas a la exploración minera, de hidrocarburos, proyectos hidroeléctricos u otras obras de infraestructura. La misma izquierda democrática, con el Polo a la cabeza, ha realizado innumerables debates en el Congreso alrededor de este tema y al interior del gabinete del gobierno Santos se han dado discusiones en torno a la forma en que las locomotoras del agro y la minería terminan ‘chocando’ y, al final, le toca a la institucionalidad medio-ambiental, encabezada por el Ministerio respectivo, la Agencia Nacional que otorga las licencias ambientales y las CAR’s, termina como una especie de árbitro entre ambas actividades.

Lo que viene

Así las cosas, es claro que la negociación con las Farc comienza por uno de los temas más complicados para el futuro del país. Los ministerios de Agricultura, Minas y Energía así como el de Ambiente tendrán que jugársela toda en un debate que no sólo se aplica a la búsqueda de un acuerdo entre Gobierno y Farc, sino que se extiende a toda la sociedad colombiana e incluso se está imponiendo como una de las discusiones globales más determinantes de las últimas dos décadas: desarrollo económico vs. Ambiente sostenible.

No es una polémica de fácil resolución. Colombia es, a la vez, una potencia minero-energética, un país con alta vocación agrícola y alberga la mayor biodiversidad del mundo. Poner sobre la balanza cada uno de esos tres elementos e inclinarse por priorizar alguno en detrimento o aceptando un margen de afectación de los otros dos, es un debate que tiene muchas e importantes implicaciones, por ejemplo en materia de rentabilidad rural y urbana, flujo de divisas, volumen de exportaciones, redistribución del ingreso, modelo económico, volumen y calidad de empleo, equidad social, soberanía alimenticia, protección de recursos naturales y potencial ambiental…

La negociación, pues, ya arrancó y lo hizo por un tema grueso que, paradójicamente, no sólo interesa a Gobierno y Farc, sino que tiene en discusión a todo el planeta.