Con la puesta en marcha de un plan estratégico para agilizar 1.676 casos de solicitudes de pensión de vejez, que hacen parte de procesos judiciales que están en curso sin un fallo definitivo, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), se comprometió a cumplir con un tiempo récord de 75 días para solucionar temas de mesadas.

La estrategia se aplica en asocio con la Procuraduría General de la Nación, y en especial su  Delegada para la Conciliación Administrativa,  y se beneficiarán los afiliados que demandaron. Ellos no sólo recibirán una resolución que los notifica sino que recibirán su primera mesada.

Gracias a un acuerdo interinstitucional con la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, Colpensiones estableció un plan para evacuar éste número de procesos judiciales de afiliados empleados públicos beneficiarios del Régimen de Transición de la Ley 33 de 1985.

La iniciativa pretende que la nueva administradora de pensiones del Estado llegue a un acuerdo con sus demandantes, esto en el marco del entendimiento con el que se busca que ambas partes consideren que sus derechos se han preservado.

“El esfuerzo que están haciendo la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado representa la consolidación del esfuerzo armónico entre los entes del Estado para apoyar y sacar adelante a una Entidad que hace parte de la vida de los colombianos y que está cumpliendo la misión de solucionar las demandas que los colombianos interpusieron contra el ISS, una entidad que duró 67 años y sobre la cual hoy Colpensiones sí les está respondiendo a los colombianos”, dijo el presidente de la Entidad, Mauricio Olivera.

Pero esta alianza, que fue presentada durante el  Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no sólo busca hacer valer los derechos de los afiliados de la administradora del Régimen de Prima Media sino que pretende evitarle a la Rama Judicial trámites.

Con ello contribuir con la descongestión en la que se encuentran los despachos judiciales, así como reducir los costos que al afiliado demandante le representan su proceso judicial.

De los 1.676 casos identificados por la Administradora de pensiones del Estado, 40% corresponden  a demandas presentadas en Bogotá, con las que se iniciará un plan piloto de la primera fase de este ambicioso proyecto.

Le siguen 271 demandas  que obran en los juzgados de la Regional Caribe (Bolívar, Córdoba, Atlántico, Sucre, Magdalena, Guajira, y Cesar), 150 en la Regional Sur (Huila, Tolima, Putumayo y Caquetá), 146 en la Regional de Occidente (Cauca, Valle del Cauca, y Nariño), 187 de la Regional del Eje Cafetero (Quindío y Risaralda), 109 en la regional de Antioquia (Antioquia y Quibdó), 79 en la Regional de  Santander (Santander, Norte de Santander), y 70 en la Regional Centro (Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Arauca).