El Juzgado Octavo del Circuito Especializado de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, a ocho presuntos testaferros de Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera.

Según el juzgador no se han agotado los términos previstos en la ley y nunca se ha realizado ningún tipo de aplazamiento o dilatación por parte de la Fiscalía.

La solicitud fue realizada por la defensa de los imputados una vez agotada la fase probatoria del juicio que se le sigue, entre otros, a un cuñado y dos sobrinos del reconocido narcotraficante.

El pasado 17 de abril, un fiscal de la Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima (Unaim) pidió la condena en contra de Nemesio Ayala, cuñado de Barrera, y sus hijos Nemesio Ayala Barrera y Ruby Yiceth Ayala Barrera; Óscar Richard Martínez Arango, Óscar Alberto Rincón Díaz, Óscar Jeréz Pineda, Germán Quiroga Velasco, Constanza Cárdenas Duarte y Jaime Jeréz Galeano. Este último señalado como principal testaferro de ‘El Loco Barrera’.

En la etapa probatoria, la Fiscalía estableció que Daniel Barrera Barrera utilizaba el nombre de su hermano Arnoldo, quien padece de una discapacidad mental, para poder realizar las transacciones de Arbal Ganadera, una de las empresas con las que los acusados mantuvieron negociaciones.

Dentro del juicio se escucharon las declaraciones de Ana Silvia Barrera, madre de Daniel Barrera Barrera, y de los propios acusados, entre otros.

Óscar Jeréz Pineda, casado con Ruby Liceth Ayala Barrera, sobrina del reconocido narcotraficante; en su testimonio afirmó haber tenido negocios de compra y venta de ganado con Daniel Barrera Barrera pero sin saber su verdadera identidad, ya que éste suplantaba el nombre de su hermano.

Por su parte, Óscar Richard Martínez indicó que la procedencia de su incremento patrimonial, que según lo establecido por la Fiscalía habría alcanzado en un sólo año cerca de 40.000 millones de pesos, es producto de los movimientos legales que él y su familia realizan con la compra y venta de ganado y la comercialización de carne a almacenes de grandes superficies.

En los próximos meses el mismo juzgado determinará la responsabilidad o no de los acusados en los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.