Un proyecto de ley sobre la exclusión política de colaboradores del régimen depuesto de Muamar Gadafi corre el riesgo de provocar una nueva agitación en la Asamblea Nacional y podría alejar del poder a varios altos responsables, incrementando las tensiones política en Libia.
Este proyecto de ley, propuesto en diciembre, afecta a 36 categorías de funciones y cubre más de cuatro décadas de poder de Gadafi y sus partidarios lo consideran como "una reivindicación popular de respeto de los sacrificios de los mártires".
En su versión actual, este proyecto de ley, amenaza con dejar a un lado a un gran número de nuevos dirigentes libios, entre los que se encuentran Mohamed al Magaryef, presidente del Congreso General Nacional (CGN) y la mayor autoridad política de Libia, su adjunto, Jumaa Atiga, y el primer ministro, Ali Zeidan.
La enmienda que la Asamblea presentó el miércoles sobre la Declaración Constitucional provisional hace imposible cualquier recurso ante la justicia contra esta ley, incluso antes de su votación, lo que numerosos observadores describieron como un "paso decisivo" hacia la adopción de este controvertido proyecto.
El Observatorio Libio de Derechos Humanos calificó esta decisión del CGN de "precedente en la confiscación de los derechos de los ciudadanos".
En enero, los agitados debates sobre este proyecto favorecieron un clima de tensión en el país. Pero, a pesar de estos riesgos, el CGN se mostró decidido a sacar adelante este proyecto de ley.
"La ley será aprobada con una mayoría de cien votos más uno, de los 200 miembros de la asamblea, mientras que su aprobación requería una mayoría de 120 votos", indicó Omar Hmeidam, portavoz del CGN.
Los detractores de la ley consideran que está hecha "a medida" para apartar a Mahmud Jibril, el líder de la Alianza de Fuerzas Nacionales (de tendencia liberal) que ganó las elecciones legislativas de julio de 2012 ante los islamistas.
El Consejo Nacional de Transición (CNT), antiguo brazo político de los rebeldes libios, constituyó una comisión encargada de los expedientes de los responsables o candidatos a puestos de responsabilidad en la administración para determinar si sirvieron al régimen.
Hasta el momento, la Comisión excluyó a 350 personalidades algunas de las cuales ganaron los recursos que presentaron ante los tribunales administrativos.