La inversión en infraestructura podría estar en riesgo ante la posibilidad de nuevos impuestos al sector. En efecto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, respalda el proyecto de reforma tributaria dada su visión estructural y su importancia para avanzar en el proceso de estabilización de las finanzas públicas y enviar los mensajes apropiados a los mercados internacionales pero advirtió que en este sector se encuentran en marcha inversiones muy importantes, las cuales se verían afectadas por el cambio al régimen fiscal que estudia el Congreso.
El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer, señaló que hay seis temas que causan inquietud a los empresarios del sector.
El primero de ellos a juicio de la CCI, en el proyecto no se tuvo en cuenta la recomendación de la comisión de expertos relacionada con la eliminación de las arcaicas contribuciones de estampillas y de la obra pública. Sobreviven tales contribuciones con una tarifa del 10% del valor del contrato, lo cual desincentiva la actividad: El proyecto fija un límite del 10% sobre el valor del contrato. Los expertos recomendaron eliminar las estampillas y contribución de obra pública, estos conllevan sobrecostos empresariales, encarecimiento del valor de las obras y no generan efectos importantes sobre el recaudo. Adicionalmente, el límite es demasiado alto y promueve que los entes territoriales se vayan al tope, hecho que desincentiva y torna inviable la actividad, toda vez que las utilidades normalmente son menores al 10%. La CCI propone eliminar el impuesto o en su defecto indicar la tarifa máxima en el 1%.
El segundo de los temas es que el proyecto iguala el asfalto, cemento y concreto con tarifa del 19% hecho que afecta la construcción de infraestructura de transporte, y al desarrollo vial del país, especialmente de cara a las vías del posconflicto: El asfalto actualmente se encuentra excluido de IVA. El proyecto propone gravar dicho insumo con una tarifa del 19% al igual que el concreto y el cemento. La CCI propone igualar el tratamiento tributario, evitar asimetrías y no aumentar los costos de la construcción. Para ello sugiere incluir dentro de la lista de bienes excluidos del IVA el asfalto, el concreto y el cemento.
El tercer reparo del gremio de la infraestructura en el país tiene que ver con la propuesta de un incremento adicional del 5% (del 10% al 15%) en la retención en la fuente por pagos al exterior, lo cual afecta la inversión extranjera en el sector: En ausencia de convenios para evitar la doble imposición (solo 9 en vigor) dicha modificación aumentará el valor de los contratos vigentes y futuros, desincentiva la transferencia de tecnología y la inversión extranjera en este sector. La CCI propone mantener la tarifa de retención en el 10%.
Para la CCI tampoco es conveniente gravar la venta de bienes intangibles, ello comprende, la cesión de contratos, derechos, acciones y títulos que constituyan bienes incorporales, lo que resulta inusitado e inconveniente. El gremio ante esta situación propone que estos intangibles se cobijen en el universo del gravamen a los servicios, en cuanto no resulta necesario extender el hecho generador a la venta de todo tipo de bienes. Por lo tanto, sugerimos la exclusión de los mismos.
Como quinto punto la Cámara de la Infraestructura señala que la reforma limita a 8 años la amortización de las pérdidas fiscales, sin tener en cuenta los plazos máximos legales y contractuales de los proyectos de infraestructura: La iniciativa desconoce que los proyectos de infraestructura tienen pérdidas durante sus primeros años de vida de ejecución. Bajo ese entendido, la reforma plantea gravar al concesionario sin tener en cuenta la afectación derivada de dichas pérdidas. La CCI propone que para los proyectos de largo plazo, el término para la compensación de pérdidas fiscales debe ser razonable y articulado con los plazos legales y contractuales. Por lo tanto, el gremio sugiere un término de 20 años.
El sexto punto con el que está en desacuerdo el sector es el tratamiento tributario propuesto para los contratos de concesiones y Alianzas Público-Privadas, APP, en relación a la amortización de ingresos y costos, distorsiona la base gravable de la renta, lo cual afecta la estructura financiera de los proyectos: La CCI sobre este tema propone que los ingresos asociados al proyecto se amorticen durante el plazo de la concesión. Para su reconocimiento como ingreso fiscal mediante el sistema de línea recta en el plazo remanente de la concesión.