Un primer revés sufrió el controvertido proyecto de reforma a la justicia en la antesala de su tercer debate en la Cámara, por cuenta de un desacuerdo entre algunos de los ponentes de la iniciativa, un día antes que se vote en la Comisión Primera de esa corporación legislativa.

Ayer, cuando fue radicada la ponencia en la secretaría de la comisión, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, decidió no firmar la ponencia mayoritaria, argumentando su desacuerdo con el texto puesto a consideración en tercer debate, y anunció la presentación de una ponencia alternativa que incluirá, entre otros aspectos, la eliminación total del Consejo Superior de la Judicatura.

Ayer, en la Comisión, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, propuso como garantía en la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, que sea la Corte Constitucional el juez de control de garantías. Según la ponencia, el Tribunal Superior de Bogotá sería el investigador y acusador de los aforados, mientras que la Sala Penal de la Corte Suprema el juzgador.

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Tarquino, calificó de inoportuna la propuesta, toda vez que los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos en el Congreso.
“Imagínense que si va ser el juez de garantías, eventualmente frente a una tutela, ellos tendrían que declararse impedidos también, y entonces se formaría un asunto no fácil de solucionarse. Ustedes nombran a los magistrados de la Corte Constitucional, que va ser su juez de garantías”, señaló el magistrado.

El presidente de la Corte le pidió a los representantes a la Cámara garantizarles a los magistrados el derecho a la doble instancia: “Será que nosotros tampoco tenemos derechos a la doble instancia?, pues claro que sí. Resulta que al magistrado de tribunal, disciplinariamente, es juzgado también en única instancia por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Si vamos a hablar de garantías, entonces que sean para todo el mundo”.