La ex primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra fue detenida por la junta militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado, informó este sábado una fuente de su partido, el Puea Thai, mientras se extienden los temores de una purga política.

"Está confirmado que fue detenida por los militares desde que se presentó ayer", dijo la fuente, que estaba presente cuando la exjefa del gobierno acudió el viernes a la convocatoria de la junta.

"No estamos seguros de cuál es su paradero porque los militares confiscaron sus teléfonos móviles, así como los de sus colaboradores", dijo el informante, quien había servido en el gobierno de Yingluck.

Una fuente militar confirmó a la AFP: "han sido separados y puestos en detención en diferentes lugares".

Ésta, de 46 años, madre de un niño pequeño, fue destituida de su cargo en un fallo polémico del Tribunal Constitucional a principios de este mes, lo que preparó el escenario para el golpe militar anunciado el jueves por el comandante en jefe del ejército, general Prayut Chan-O-Cha.

La junta había convocado el viernes a varios exdirigentes, incluida Yingluck Shinawatra, y les prohibió abandonar el territorio nacional.

"En total, 155 personas tienen prohibido viajar al extranjero, salvo autorización" del nuevo régimen militar, "para mantener la paz y el orden", había declarado un portavoz militar en la televisión.

Tras los últimos acontecimientos, Yingluck no podrá reunirse con su hermano Thaksin Shinawatra, exiliado después de ser víctima de un golpe en 2006, y condenado luego por malversaciones financieras.

Destituida por la justicia el pasado 7 de mayo, el viernes de mañana se presentó a la convocatoria de los militares, al igual que Niwattumrong Boonsongpaisan, un ministro que tomó su relevo de forma interina.

Precisamente, uno de los temores es que se repita el escenario de 2006.

Su asistente, Wim Rungwattanajinda, había indicado que Yingluck podía ser llevada a un campo militar fuera de la capital, pero la junta mantiene silencio sobre su localización, así como la de otros exrresponsables convocados, entre ellos Boonsongpaisan. Sólo se sabe que han sido separados.

Estados Unidos tomó contacto con la junta y la llamó a "la restauración inmediata de las leyes civiles y el retorno a la democracia", señaló en la jornada el departamento de Estado en Washington. Simultáneamente, suspendió 3.500.000 dólares en ayuda militar a Tailandia, aproximadamente un tercio de lo acordado por año con Bangkok.

El golpe de Estado ha sido condenado por la mayor parte de la comunidad internacional.

Los generales aseguran haber actuado para poner fin a la grave crisis política que sacude al país desde hace siete meses, y han decretado un toque de queda y prohibido las manifestaciones.

- ¿Investidura real? -

Algunos observadores estiman que la crisis se debe a una lucha de poder para asegurarse de quién dirigirá el gobierno en el momento de la sucesión del rey Bhumibol Adulyadej, de 86 años.

Queda por ver si el nuevo poder será investido por el rey en este régimen de monarquía constitucional que ha vivido 19 golpes de Estado o tentativas en 80 años.

El anterior golpe, en 2006, llevó a una serie de crisis políticas en las que bajaron a la calle sucesivamente los enemigos y los partidarios del primer ministro de la época, Thaksin Shinawatra, considerado por las élites como una amenaza a la realeza.

La crisis actual, apoyada según los analistas por las élites tradicionales, no es más que el último sobresalto en esta disputa.

Se inició en el otoño (boreal) por manifestaciones que reclamaban la salida de su hermana Yingluck, en el poder desde 2011. Ella fue destituida por la justicia a principios de mayo, pero los manifestantes seguían reclamando el fin del "sistema Thaksin", cuyos partidos han ganado todas las elecciones nacionales desde 2001.

Varios líderes de los Camisas Rojas, potente movimiento partidario del gobierno civil derrocado, han sido detenidos.

Poco antes del anuncio del golpe, los principales líderes de ambos bandos fueron escoltados por los militares fuera del recinto en el que se desarrollaban las negociaciones.

La comunidad internacional, desde la Unión Europea a Estados Unidos, ha condenado el golpe y reclamaba un regreso rápido a un gobierno democrático.