El Consejo de Estado confirmó un fallo de Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó una acción de tutela que interpuso contra la Contraloría la ex gerente liquidadora de la Fundación San Juan de Dios en liquidación, Ana Karenina Gauna Palencia, con la pretensión de “tumbar” el acto administrativo que la suspendió provisionalmente de ese cargo.

Con ponencia de la magistrada  Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, consideró que “la decisión de suspensión inmediata fue motivada, conforme con las exigencias  que jurisprudencialmente se han establecido para este tipo de decisiones que, en todo caso, buscan preventivamente separar a los funcionarios que son sujetos de investigación fiscal, con el único fin de garantizar celeridad y transparencia en el juicio de control fiscal”.

La Sala concedió así razón al fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, que negó la pretensiones de la ex gerente liquidadora argumentando que la Resolución de Suspensión (número 0108 de 2013) fue proferida conforme con la normativa aplicable y en cumplimiento de los deberes que constitucionalmente le corresponden como ente de control fiscal a la Contraloría General de la República.

La señora Ana Karenina Gauna Palencia impugnó dicha providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidiendo que se revocará y se le protegiera el derecho fundamental al debido proceso. Pretendía que se “suspendieran” los efectos de la Resolución de la Contraloría General de la República antes mencionada y que se ordenara su reincorporación al cargo que venía desempeñando.

Alegó además la inminencia de un perjuicio irremediable para la Fundación San Juan de Dios en liquidación con su suspensión, lo cual también fue rechazado por el Consejo de Estado en forma enfática: “dicho perjuicio pretende soportarse sobre supuestos “intereses ocultos” cuyo soporte son solo apreciaciones subjetivas que no logran desvirtuar la presunción de legalidad del acto de suspensión y, mucho menos, las demás actuaciones adelantadas por el ente de control fiscal”.

La ex gerente liquidadora de la Fundación San Juan de Dios en liquidación aspiraba a demostrar que los tres hallazgos fiscales encontrados por la CGR, en auditoría a esta entidad no justificaban la suspensión provisional.

En una Actuación Especial, la Contraloría General de la República determinó 3 hallazgos fiscales por $11.579 millones en la Fundación San Juan de Dios en Liquidación. Los hallazgos detectados, también de orden disciplinario (26) y penal (2), y el absoluto desorden evidenciado llevaron a la Contralora Sandra Morelli Rico a solicitar la suspensión de la gerente liquidadora a su nominador, el Gobernador de Cundinamarca.