Por haber adjudicado la licitación pública que dio lugar a contratar la obra de la Vía de la Prosperidad, la Procuraduría sancionó al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, con suspensión del cargo por el término de 10 meses.

Cotes sostuvo que “tenemos un derecho del cual vamos hacer uso y es la apelación que nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra defensa en algunos aspectos, en el que consideramos que se pueden lograr desvirtuar”.

Contra la decisión adoptada procede el recurso de apelación que deberá ser resuelto en por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

“El único cargo del cual fui acusado por parte de la Procuraduría es que se consideró que la adjudicación la hicimos de manera apresurada o imprudente, pero vamos a debatir jurídicamente para exponer los argumentos en los que advertiremos que cumplimos con los requisitos legales en este caso”, agregó.

En la decisión, adoptada por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, se estableció que el gobernador actuó con desconocimiento de los principios de responsabilidad, coordinación y colaboración armónica, pues adjudicó la construcción de la vía a pesar de no contar con los recursos que por más de doscientos mil millones de pesos habría de aportar el Instituto Nacional de Vías (Invías), con ocasión del convenio específico 649 de 2013.

Para la Procuraduría, dicho comportamiento se realizó ignorando los fines de la contratación estatal y sin atender a las reglas de administración de bienes ajenos, pues asumió el valor total de la obra sin tener certeza sobre el dinero para el efecto, poniendo en riesgo no sólo la construcción de la obra, sino los recursos y las arcas del departamento del Magdalena.

Para el ente de control, el actuar del gobernador fue imprudente y apresurado al momento de adjudicar, ya que a pesar de las solicitudes que le hicieron la misma Procuraduría y el Gobierno nacional, decidió continuar con el proceso sin importar las consecuencias que hoy en día tienen en suspenso la construcción de la obra.