El togado es investigado por el Congreso por su presunta participación en Cartel de la Toga

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El jueves de la próxima semana vence la segunda incapacidad médica que presentó el magistrado Gustavo Malo, lo que ha impedido que la Corte Suprema de Justica inicie el proceso pasa suspenderlo de su cargo, según lo tiene previsto el reglamento interno de la Corporación para cuando un togado es investigado por la Cámara.

El nuevo presidente de la Corte Suprema, magistrado José Luis Barceló, confirmó que la segunda incapacidad médica por 20 días que presentó Malo vence el miércoles de la próxima semana, y, por tanto, el 1° de febrero deberá presentarse para reincorporarse a sus labores.

Malo es investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara por supuestamente hacer parte de una asociación que se habría dado entre 2013 y 2016 entre magistrados, ex magistrados y abogados para vender fallos en la Corte Suprema a favor de parlamentarios y otros políticos, a cambio de fuertes sumas de dinero, que se ha conocido como el Cartel de la Toga.

Por este escándalo la Cámara también abrió investigación al exmagistrado Leonidas Bustos; en tanto que la Corte Suprema hizo lo propio con los senadores Hernán Andrade, Álvaro Ashton, Musa Besaile y los representantes Argenis Velásquez y Nilton Córdoba, entre otros.

En septiembre pasado cuando estalló este escándalo revelado por el fiscal General, Néstor Martínez, la mayoría de magistrados de la Corte Suprema le pidió al jurista Malo que se separara temporalmente del cargo mientras que aclaraba su situación jurídica, incluso algunos le sugirieron renunciar para evitar un desgaste en la imagen del alto Tribunal.

No obstante, Malo aseguró que es inocente y por ello se negó a separarse del cargo. Finalmente optó por solicitar una licencia de tres meses, sin remuneración, la cual se cumplió en diciembre pasado.

En ese interregno la Corte se movió para buscar resolver,  por lo menos temporalmente, la enojosa situación del magistrado Malo, a quien incluso lo han relevado de seguir con varios procesos que estaban en su despacho.

En ese sentido el pasado 21 de noviembre, la Corte Suprema aprobó una modificación a su reglamento que permitirá separar del cargo a magistrados investigados por delitos por la Comisión de Acusación de la Cámara. La norma calza al togado Gustavo Malo.

Con la norma aprobada por la Corte la separación del cargo se dará en casos en los que la investigación contra un magistrado imposibilite la correcta administración de justicia y ponga en tela de juicio el buen nombre, la imagen y la legitimidad institucional de la Corporación.

La Corte esperaba una vez que Malo regresara de su licencia decidir si lo releva o no de las actividades jurisdiccionales y administrativas a su cargo, por el término que dure la investigación. No obstante el pasado 30 de noviembre, un día antes de que volviera de su licencia, presentó una incapacidad médica.

La decisión sobre una eventual suspensión del magistrado Malo del cargo debe ser tomada por mayoría de las dos terceras partes de los integrantes de la Corte, mediante votación nominal, previo un trámite breve y sumario.

La sala especializada de la que forme parte el magistrado investigado o un número no menor de cinco magistrados de la Corporación, primero debe hacer la solicitud a la Sala Plena e informar las razones en las que se fundamenta su petición para que se haga la separación del cargo.

No habría cartel

Ayer se conoció que como parte de las investigaciones que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara al expresidente de la Corte Suprema, Leónidas Bustos, por el Cartel de la Toga, declaró el abogado Gabriel Parra, quien representa al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Parra admitió ante esta célula legislativa que se reunió en tres oportunidades con el exfiscal Luis Gustavo Moreno en la cárcel La Picota porque, supuestamente. él conocía sobre la investigación que adelanta la Contraloría por la recompra de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI) durante la administración de Petro y que supuestamente causó un detrimento patrimonial a la ciudad por más de 279 millones de dólares.

 Parra aseguró que llegó a un acuerdo con Moreno que consistía en entrega de información a cambio de proteger la vida de su familia. Pero de igual forma Parra aseguró que Moreno dijo que el Cartel de la Toga no existe.

“Le pregunté por el Cartel de la Toga y me dijo eso no existe. Esos son actos que yo cometí con otro personaje, pero actos como tal no existen, o sea el Cartel de la Toga no existe”, sostuvo Parra.