Debido a que los recursos destinados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reflejan las medidas de seguridad tomadas frente a los cabildantes, el presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia, Carlos Urresti, le pidió al Congreso que realice el respectivo control político a esta inversión.

El funcionario recordó el asesinato de José Eliécer Rey, presidente de la Federación de Concejales del Pacífico, el pasado 26 de diciembre en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, así como el asesinato del concejal del municipio de Buenaventura, Stalyn Ortín, el pasado 28 de enero, en la ciudad de Cali.

Urresti aseguró que en promedio hay más de 2 mil concejales de diferentes regiones del país amenazados por grupos al margen de la ley, y que han requerido del Gobierno Nacional medidas especiales de protección para poder realizar su actividad en los municipios.

Un informe de la Misión de Observación Electoral  (MOE) señala que entre el primero de enero de 2012 y octubre del mismo año, se presentaron 163 hechos de violencia contra los mandatarios.

Por cargos desempeñados, los que más han sufrido situaciones violentas son los concejales con el 58 por ciento (95 hechos), seguido por los alcaldes con el 20 por ciento (32 hechos), los diputados con el  21 por ciento (34 hechos) y los gobernadores  con un 1 por ciento  (2 hechos). 

Adicionalmente, la organización señala que “los hechos de violencia política preelectoral aun se mantienen en un 4 por ciento por debajo de los ocurridos en el periodo preelectoral anterior. No obstante lo anterior, es importante prestar  mucha atención a la dinámica de este fenómeno pues si la tendencia de hechos violentos pos electorales se mantiene, muy seguramente para el corte del segundo año de mandato la cifra  de violencia  preelectoral ya habrá sido superada”.