Ese artículo de reforma a la justicia causó gran controversia, pues los magistrados que investigarán a congresistas serán elegidos por el Legislativo, el Ejecutivo y Consejo de la Judicatura.

Uno de artículos más polémicos propuestos por la ponencia para el cuarto debate del proyecto de reforma a la justicia fue aprobado por la plenaria de la Cámara.

Se trata de la supercorte que investigará y juzgará en primera instancia a los aforados, es decir, a los senadores y representantes a la Cámara, al Fiscal, Procurador y Contralor General, y a los magistrados de las altas cortes.

La propuesta, incluida en el artículo ocho de la iniciativa, causó controversia desde el momento que se propuso en la Comisión Primera de la Cámara, pues tal como lo señalaron en la plenaria varios representantes, entre ellos Germán Navas, del Polo Democrático, y Héctor Vergara, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), no tiene presentación que el Congreso elija la tercera parte de sus propios jueces.

En efecto, el artículo aprobado contempla que el Tribunal de Investigación y Juzgamiento de Aforados estará integrado por seis magistrados que integrarán tres salas, una de investigación y la otra de juzgamiento en primera instancia, y quienes serán elegidos dos por el Presidente de la República, dos por el Congreso y los otros dos por la sala de gobierno del Consejo Superior de la Judicatura, donde tienen asiento el ministro de Justicia, los presidentes de las altas Cortes, incluyendo al presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, quien también es elegido por el Congreso.

La segunda instancia del juzgamiento de los aforados estará a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el representante Navas aseguró que ese artículo aprobado era una retaliación de la Cámara en contra de la Corte.

Por su parte, al ministro del Interior, Germán Vargas, no se le vio instando a los representantes a votar en contra de este artículo, tal como lo había planteado dos semanas atrás, cuando dijo que el Gobierno se opondría a dicha iniciativa.

El otro artículo nuevo incluido en la ponencia y que fue aprobado causando de paso otra controversia, fue el de las demandas de acción de reparación y repetición contra el Estado. La propuesta hecha por el representante Jaime Buenahora, de La U, a petición del Ministerio de Justicia, es que la ley regulará los topes de las indemnizaciones que el Consejo de Estado falle en contra de la nación. Además, el representante Hugo Velásquez, del Partido Liberal, advirtió que tal como quedó incluido en el artículo aprobado, sólo las autoridades públicas serán objeto de la acción de repetición y reparación contra el Estado, por lo que terceros que contraten con el Estado quedarán excluidos de dichas demandas.

Por otra parte, la plenaria de la Cámara aprobó un tema que venía aplazándose por un buen tiempo y es el que tiene que ver con la reforma a la tutela, pero no reguló dicha acción cuando se interpone contra sentencia judicial, sino creó la figura del habeas juris. Esta figura es como una súper tutela que se puede interponer al interior de cualquier proceso para garantizar derechos fundamentales como al debido proceso. Sin embargo, el ministro Juan Carlos Esguerra se mostró en contra de esta figura, al argumentar que podría dilatar los procesos.

Anoche la Cámara también aprobó la figura de la silla vacía para los congresistas que sean detenidos o condenados por cualquier delito. Dicho artículo dice que los congresistas no tendrán reemplazo en su respectiva corporación legislativo, salvo por invalidez o muerte.
Sin embargo, varios representantes se opusieron a ese artículo argumentando que los partidos no pueden ser castigados con la pérdida de una curul, por las conductas propias de cada congresista. Además, algunos parlamentarios advirtieron que con esa propuesta se estaría restringiendo el derecho a la representación de los ciudadanos, como quiera que algunas regiones del país sólo tienen dos representantes a la Cámara.

De igual manera, se aprobó en cuarto debate la doble instancia para la pérdida de investidura de los congresistas en el Consejo de Estado, tal como venía en los debates anteriores. Sin embargo, se amplió el plazo a 40 días hábiles para que dicho alto Tribunal falle en cada una de las instancias. A esta proposición se opuso Navas, quien señaló que esto dilatará los procesos a favor de los congresistas investigados y terminará en impunidad.

Asimismo, pasó el artículo que plantea la descongestión judicial otorgándoles facultades jurisdiccionales a abogados y notarios. En este tema no tuvo eco una propuesta del representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, para que la comisión que se creó, integrada por el ministro de Justicia, el Fiscal y Procurador General, tres senadores y tres representantes de las comisiones primeras para hacerle seguimiento a dichas facultades, tuviera que entregar concepto obligatorio antes de entregarlas. En este mismo artículo quedó establecido que en todos los municipios del país habrá un juez.

Además, anoche todos los representantes a la Cámara integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación se mostraron en contra de la eliminación de ese órgano y de la posibilidad de que sólo la Cámara investigue disciplinariamente al Presidente y Vicepresidente de la República.