La Contraloría logró recuperar más de 600 millones de pesos producto del uso indebido de los recursos de  regalías del municipio de San Onofre en el departamento de Sucre.

La recuperación se hizo efectiva después que el suspendido Alcalde de esta población,  Nelson de Jesús Pineda Lozano, hizo un pago que permitió resarcir la totalidad de los recursos comprometidos por contratos  que no cumplían con los términos o procesos requeridos.

La acción se logró a través de una Actuación Especial liderada por la Vicecontraloría y el  Contralor Auxiliar de Regalías en donde se determinaron los elementos para la apertura de un proceso de responsabilidad que acaba de terminar con este resarcimiento.

Tras la recuperación de los más de 600  millones  de pesos que se tenían como detrimento patrimonial, la Contraloría procedió a levantar la suspensión que se había impartido al alcalde  de San Onofre  desde el 3 de diciembre de 2012, como medida transitoria y preventiva.

El 26 de noviembre 2012 pasado la CGR abrió un proceso verbal de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial que sufrió el municipio de San Onofre con la celebración de tres convenios de educación y  medio ambiente con la Corporación para el Fomento y el Desarrollo por un Bolívar Grande (Cordebol), la Corporación Gestión Integral y Social Internacional (Corpogis) y la Fundación  Alinaho. La CGR había imputado responsabilidad fiscal al Alcalde de San Onofre a título de dolo.

Durante la primera audiencia pública que se llevó a cabo el 24 de enero de 2013, la Contraloría vinculó en el proceso a Cordebol al no definir  el objeto del convenio, su alcance, ni las especificaciones técnicas del servicio contratado y el proceso se adelantó con una sola oferta lo que no permitió escoger la opción más favorable.

En el convenio con Corpogis se  incumplió con las especificaciones del  objeto del contrato  en la planificación y diseño de un parque ambiental para la operación de un centro de gestión de residuos sólidos, líquidos industriales y urbanos.

El ente de control evidenció en el convenio con la Fundación Alinaho la falta de estudios previos en donde no se establecía  la población objeto del contrato, los parámetros de entrega del producto, ni la determinación de los estándares de calidad.

La CGR calificó como grave la falsificación de las pólizas en los tres convenios, donde se encontró que la numeración  correspondía a otras ya existentes, motivo por el cual la aseguradora garante y vinculada dentro del proceso entabló una denuncia a los contratistas.