Una situación inédita en el país se presenta en materia de la elección de Procurador General de la Nación, pues al tiempo que el Consejo de Estado dio apertura ayer al proceso para integrar la terna de la cual el Senado escogerá al sucesor de Alejandro Ordóñez por el vencimiento de su periodo de cuatro años en enero próximo, este mismo Tribunal podría sacarlo del cargo al definir una demanda de nulidad electoral en su contra, si es que atiende la ponencia que en ese sentido entregó la magistrada Rocío Araújo.

Precisamente hoy, la Sala Plena del Consejo de Estado tiene como parte del orden del día la discusión y votación de la ponencia que pide anular la elección de Ordóñez Maldonado, básicamente porque la magistrada que ofició en este proceso como sustanciadora dio la razón a los tres demandantes, en el sentido que éste no podía reelegirse porque dicha figura no está contemplada en la Constitución Política.

La demanda de nulidad de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez es una de las principales decisiones que sigue pendiente en el Consejo de Estado después de más de tres años de haber sido impetrada, la cual en una primera instancia fue tramitada por la Sección V, aunque cuando estaba a punto de ser fallada fue trasladada a la Sala Plena, atendiendo una proposición de los entonces magistrados Marco Antonio Velilla, Alfonso Vargas y Berta Lucía Ramírez.

La ponencia que sería discutida el día de hoy por la Sala Plena de la alta Corporación también daría la razón a los demandantes, los juristas Rodrigo Uprimny, Carlos Mario Isaza y otros, quienes expusieron varias irregularidades en la reelección de Ordóñez, en que la nominación de éste por parte de la Corte Suprema para integrar la terna que se llevó al Congreso también estaría viciada, por cuanto no se habrían reunido la mayoría de los votos necesarios; además de que existiría una inhabilidad porque varios de los magistrados que lo eligieron para la terna tenían familiares nombrados en la Procuraduría General.

Un tercer argumento de la demanda es que en la votación final el 27 de noviembre de 2012, los senadores no aceptaron los impedimentos que presentaron algunos de sus colegas por tener familiares y personas cercanas trabajando en la Procuraduría.

La demanda de la elección del procurador Ordóñez se ha dilatado en el Consejo de Estado, como se dijo, en un primer capítulo porque se maniobró para que pasara a la Sala Plena y no fuera definido por la Sección Quinta del alto Tribunal que ya había adelantado el proceso y tenía lista una ponencia que sacaba del cargo a este servidor público, pero también por la serie de recursos y recusaciones que desde el propio Ministerio Públicos se han interpuesto, así como los amigos del Procurador.

Independientemente del trámite de esta demanda de nulidad el Consejo de Estado tiene que darle curso al proceso para escoger su candidato para dicha terna, en este sentido asumiendo que Ordóñez se mantendrá en el cargo hasta cumplir su periodo en diciembre venidero.

La premura del tema es que esta elección la debe realizar el Senado de la República a más tardar el 15 de diciembre próximo, pues después el Parlamento entrará a receso hasta el 16 de marzo de 2017. Los otros integrantes de la terna son escogidos por el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia.

El proceso

La convocatoria que abrió ayer el Consejo de Estado para los aspirantes a estar a nombre de este alto Tribunal en la terna para el nuevo Procurador General  de la Nación se extenderá hasta el día 18 de agosto de 2016.

El Consejo de Estado indicó que los requisitos para aspirar a Procurador General de la Nación es ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, y haber desempeñado durante 15 años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

Además acreditar la ausencia de antecedentes disciplinarios, penales y de responsabilidad fiscal y no encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de ese cargo.

La Sala de Gobierno del Consejo de Estado examinará las hojas de vida de los aspirantes y sus anexos con el objeto de verificar que cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el desempeño del cargo.

El sonajero

Por el momento son dos los nombres que ya están sonando, los dos liberales, para acceder al cargo que hoy ostentan los conservadores con Alejandro Ordóñez: ellos son el exembajador en España, Fernando Carrillo, y el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz.