Si bien se da por descontado que a más tardar en septiembre estará lista la prórroga por dos años de la Ley de Justicia y Paz, los seis meses que da la norma a los desmovilizados colectivos para acceder a los beneficios consagrados no se cumplirán antes de 2013, cuando muchos de ellos podrían solicitar su libertad por pena cumplida.

El pasado 5 de junio, la Comisión Primera del Senado decidió aplazar el tercer debate del proyecto 193/11 Senado, 96/11 Cámara, mediante el cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y paz), por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

En esa oportunidad, los integrantes de la Comisión Primera senatorial coincidieron en aplazar este debate por la necesidad de estudiar aún más en detalle el articulado dado el interés del proyecto y sus aportes para conseguir la paz.

Sin embargo en esa oportunidad el vicefiscal, Jorge Eduardo Perdomo, advirtió que en el 2013 cerca de 1.500 desmovilizados hoy en prisión cumplirían los 8 años, que si hubieran sido condenados es la pena alternativa máxima que establece la Ley de Justicia y Paz, por lo que podría producirse una excarcelación masiva.

Además del limbo jurídico que esta situación generaría, estas personas, también por demoras en el proceso judicial, aún no han tenido la oportunidad de decir la verdad ante el aparato judicial ni reparar a la víctimas, como lo exige Justicia y Paz.

Por esta razón, el vicefiscal Perdomo urgió al Congreso para que apruebe, lo más rápido posible, la prórroga de Justicia y Paz.

Finalmente, el pasado 12 de junio la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate esta iniciativa, pero no se alcanzó a darle su cuarto debate en la plenaria del Senado pues la legislatura finalizó el pasado 20 de junio y  ni siquiera hay la respectiva ponencia.

En consecuencia este proyecto será abordado por la plenaria de Senado a principios de agosto y como seguramente será aprobado, pasará a sanción presidencial antes de septiembre.

La entonces fiscal Vivianne Morales presentó en 2011 a consideración del Congreso este proyecto con la intención de subsanar los problemas que presentaba en su aplicación la Ley de Justicia y Paz, entre ellos el atraso en los procesos penales de miles de desmovilizados.

En este sentido, el trámite legislativo de la iniciativa estableció que “los desmovilizados colectivos que pretendan acceder a los beneficios consagrados en la presente ley deberán solicitar su postulación dentro de los seis  meses siguientes a la fecha de promulgación de la misma. El Gobierno Nacional podrá postular a desmovilizados colectivos dentro de los dos  años siguientes contados a partir a la entrada en vigencia de la presente ley”.

Es decir que frente a la situación de los desmovilizados colectivos se plantea un reto para el Gobierno: poder postular antes del 2013 ante la Fiscalía a más de 1.500 personas que serían beneficiarias de Justicia y Paz.

En consecuencia y partiendo de la premisa que esta inactiva sea sancionada por el presidente Santos a más tardar en septiembre, el problema es que los seis meses que la da la iniciativa al Gobierno para llevar a cabo con este proceso se cumplirían en marzo de 2013, pero desde enero de ese año muchos de estos desmovilizados podrían pedir su libertad por pena cumplida.

Este problema no se presentaría con los desmovilizados individuales, quienes tendrán un  año contado a partir de su entrega voluntaria para  solicitar su postulación al proceso de justicia y paz.

En tanto que los desmovilizados individuales que a la entrada en vigencia de la presente ley no hubieren solicitado su postulación al procedimiento judicial especial, podrán hacerlo dentro de los seis  meses siguientes a la entrada en vigencia de la misma.

En todo caso, una vez hecha la solicitud por parte del desmovilizado individual, el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa Nacional, deberá decidir dentro del año siguiente sobre dicha postulación.