La Comisión Tercera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca una mejor distribución de los subsidios en Colombia.
La intención con esta iniciativa es que los recursos que el Estado destina para subsidios lleguen efectivamente a las personas que más los necesitan.
"Al otorgar los subsidios se debe garantizar su calidad y eficacia para reducir la pobreza", dijo Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Con el proyecto de ley se fijan reglas básicas y requisitos mínimos para la creación de subsidios y se crea un sistema para centralizar la información de todos los subsidios que reciben las personas.
"Esta es una política de Estado, queremos garantizar una buena ejecución del gasto público y de los subsidios más aún en esta coyuntura", indicó Mejía.
Explicó que la iniciativa gira sobre tres pilares fundamentales. En el primero, se plantean criterios para dar una focalización adecuada y que se ciña a criterios técnicos.
En segundo lugar, se promueve la transparencia del gasto en subsidios a través de un sistema integral de información que verifica quiénes y por qué monto reciben transferencias del Estado.
En el tercer pilar se fijan mecanismos de seguimiento para que, al menos una vez cada 4 años, se evalúe la calidad y efectividad de los programas nacionales de entrega de subsidios.
Mejía aclaró que este proyecto no busca recortar el gasto en subsidios: "Su objetivo es garantizar que los subsidios lleguen a las personas que más los necesitan", afirmó.
El gasto en subsidios
El país gastó 72 billones de pesos en subsidios sociales en 2015 (9 por ciento del PIB), lo que equivale a 1,4 veces el presupuesto destinado a las obras de 4G, y 5,2 veces el costo del metro de la ciudad de Bogotá.
Entre 2010 y 2015 el gasto público en subsidios sociales aumentó más de 44 por ciento, al pasar de 49,6 billones de pesos en 2010 a 72 billones de pesos en 2015, recursos que se distribuyeron en 62 programas de subsidios sociales.
Los recursos que se destinan a los subsidios sociales más representativos son: educación (33 por ciento en promedio), pensiones (28 por ciento), salud (18 por ciento) y servicios públicos (7 por ciento).
La focalización actual de los subsidios no es la adecuada. La razón principal es la inequidad en los subsidios a las pensiones, ya que el 20 por ciento de mayor ingreso de la población recibe el 50,8 por ciento del total de subsidios, mientras que el 20 por ciento más bajo recibe tan solo el 4,3 por ciento.
En el agregado, el 20 por ciento de la población con mayores ingresos recibió en 2015 cerca de 9,3 billones de pesos en subsidios o 20,2 por ciento del total de los recursos destinados a este fin.
Al analizar los subsidios por clase social se observa que la clase media consolidada y la clase alta reciben el 52,3 por ciento de los subsidios en pensiones. Las personas en condición de pobreza reciben sólo el 10,3 por ciento de los subsidios en pensiones.
Pensiones no es el único caso con una focalización inadecuada. En los subsidios a vivienda y servicios públicos, el 40 por ciento de mayor ingreso de la población recibe el 36,6 por ciento del total de los subsidios.
Como consecuencia de estos problemas de focalización, el impacto agregado de los subsidios monetarios en la reducción de la desigualdad es muy pequeño. En el 2015, el coeficiente GINI de Colombia –que mide el nivel de desigualdad en una economía– solo se redujo en 0,01 gracias a los subsidios monetarios. En cambio, para ese mismo año, en el Reino Unido, el impacto fue de 0,24, o 24 veces el efecto en Colombia. Solo por el gasto en subsidios monetarios, dicho país pasa de ser uno de los más inequitativos del planeta a ser uno de los más equitativos.
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