EPS subsidiadas realizan prácticas indebidas para no pagar deudas. Cartera pasó de $200 mil millones.
La personería de Bogotá solicitó al Ministerio de la Protección Social que estudie la viabilidad de girar directamente a los hospitales del Distrito el 30% de las obligaciones pendientes de pago por parte del Fosyga a las EPS Subsidiadas por concepto de recobros por eventos no POS, para minimizar la crisis del sector y garantizar el servicio de salud a los usuarios. Los pagos pendientes del Fosyga a sólo tres EPS (Humana Vivir, Ecopsos y Solsalud) superan los 43.895 millones de pesos.
La petición se realizó teniendo en cuenta la gran cartera morosa que tienen las EPS-S con la red pública distrital y su escaso cumplimiento frente a los acuerdos promovidos por la Personería y otras entidades, así como diversas maniobras indebidas para no honrar sus compromisos. La deuda pasó de 165 mil millones de pesos en diciembre de 2010 a cerca de 200 mil millones de pesos a junio de 2011.
Las EPS Subsidiadas que más le deben a la red pública distrital son: Salud Cóndor, Humana Vivir, Ecoopsos, Caprecom y Solsalud. Las tres EPS subsidiadas que más incumplieron de manera reiterada los acuerdos con los entes de control fueron Salud Cóndor, Solsalud y Ecoopsos. Mientras que las empresas contra las cuales el ente de control elabora más tutelas son Humana Vivir, Solsalud, Salud Total, Colsubsidio, Salud Cóndor, Ecoopsos y Cafam.
La Personería evidenció que las EPS violan la Ley 1122 de 2007, que establece el giro inmediato del 50% de los servicios facturados por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por los eventos (pacientes atendidos) y el 100% de los servicios para la población afiliada.
En las mesas de trabajo también se detectaron prácticas indebidas en el manejo médico financiero y contable por parte de las subsidiadas, incumpliendo los términos establecidos en las normas para la revisión de la facturación radicada por los hospitales. Además, no generan en forma oportuna el registro contable de la facturación, ni entrega de soportes de paso. Esa circunstancia hace imposible la depuración de la cartera.
Las subsidiadas, así mismo, realizan mecanismos dilatorios para demorar o evitar los procesos de auditorias integrales. Tampoco disponen de personal para la demanda generalizada de revisiones. De esa forma, los procesos conciliatorios son excesivamente lentos y desgastantes para las IPS públicas, al punto que terminan haciendo lo que las EPS quieren y dejando de percibir lo gastado realmente en la prestación del servicio.
Pese a que existen deudas no pagadas de vigencias anteriores, hasta el presente año, las EPS pretenden cubrir lo que adeudan suscribiendo acuerdos de pago de las vigencias pasadas con los recursos actuales. Por otra parte, han manifestado las EPS que Fosyga les debe por eventos no POS. La Personería solicitó a las EPS certifiquen la deuda por este concepto.
La información enviada por las EPS subsidiadas establece, por ejemplo, que a sólo tres de ellas Fosyga les tienen pendientes pagos por 43.895 millones de pesos. A Solsalud le deben 18.154 millones de pesos de 2010 y 2011, a Humana Vivir 4.477 millones de pesos del subsidiado y 17.681 del contributivo a junio de 2011 y Ecoopsos 2.582 millones de pesos a agosto de 2011. También Ecoopsos reporta que los entes territoriales le adeudan 5.809 millones de pesos.
De acuerdo con la Personería, la insolvencia de las EPS subsidiadas no asegura que los pagos de Fosyga lleguen a la red distrital de atención en salud; por eso, ante las serias dificultades y necesidades que están atravesando los hospitales, la Personería propuso al Ministerio que el 30% de las obligaciones pendientes de pago, del Fosyga a las subsidadas por concepto de recobros en eventos no POS, se giren directamente a la red distrital para cubrir los acuerdos de pago suscritos.
Para evitar las evasivas de las EPS subsidiadas a los diferentes compromisos con los entes de control, que han mediado para lograr el pago de las obligaciones, la Personería propuso unificar criterios en una sola mesa de trabajo. Recordó que para el cumplimiento no deben existir plazos adicionales, pues se desacatan las normas y se perjudica todo el sistema y la atención digna a los usuarios.