Privilegiar la represión sobre la prevención. Esto es lo que ha venido ocurriendo en el mundo de la política antidrogas cuando la evidencia lo que indica es que la utilización del derecho penal es una muestra de la incapacidad del Estado para solucionar conflictos sociales por otros medios.

Así lo manifestó el Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, durante la instalación del Foro ¿Qué opinan los ciudadanos sobre la política de drogas?, el primero de diez diálogos que impulsa esta cartera sobre el tema y que tendrá lugar en todas las regiones del país.

“El Gobierno está empeñado en resolver el problema del consumo de drogas, pero no pensemos que la solución es la cárcel. Si esa fuera la solución, los últimos 40 años de cárcel hubieran arreglado el problema. Vamos a buscar mecanismos alternativos para que los padres de familia tengan la seguridad de que se les va a ayudar a sus hijos desde las perspectivas que resulten más útiles”, indicó el nuevo jefe de la cartera de justicia.

El Ministro Reyes recalcó que cuando se decide emplear el derecho penal para atacar un determinado problema, se está recurriendo a la última posibilidad de intervención sin haber probado otras que, con un menor impacto social, podrían resolverlo, y que por eso debe ser la última herramienta a la que se acuda para solucionarlos.

“La evaluación que se debe hacer es qué tanto ha incidido realmente la pena privativa de la libertad en el control del consumo de sustancias estupefacientes y la respuesta parece ser que la incidencia es mínima. Si es así lo que corresponde es buscar alternativas distintas que se muestren más eficientes”, sostuvo.

Y siguió: “Durante décadas hemos tratado de conseguirlo mediante el creciente fortalecimiento de medidas represivas y es el momento de darle la oportunidad a otras formas de solución desde perspectivas como la educativa o  la médica para citar solo dos posibilidades”.

El debate está abierto y la invitación es para que todos los ciudadanos participen en estos diez diálogos que se han preparado con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y al que están invitados estudiantes, congresistas, sociedad civil, gremios y periodistas sin dejar de lado la perspectiva regional.