El proyecto de reforma de equilibrio de poderes tal como se aprueba hoy en el Congreso impacta de forma negativa la adminitración de justicia, al punto que un funcionario podría designar a 25 mil funcionarios de la Rama. Así lo señaló en una misiva que dirigió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Colombia se encuentra en este momento en un proceso de adhesión a este organismo, del cual hacen parte 34 de los países más ricos y desarrollados del mundo, y esta ha sido una de las principales obsesiones del presidente Santos desde su primer mandato, pues señala que integrar la OCDE garantizaría a los colombianos que no solamente van a mejorar la calidad de nuestras políticas públicas, sino al mismo tiempo se van a mantener.

En este sentido el país viene cumpliendo una serie de metas administrativas y legales que le son necesarias para hacer parte del también llamado club de los países ricos.

En enero pasado, el organismo hizo una serie de recomendaciones a Colombia, como son luchar contra la elevada evasión de impuestos, subir el impuesto de renta, incrementar el IVA. También plantea una reforma pensional igualando la edad de pensión, gravar las mesadas altas, permitir pensiones por debajo del salario mínimo, ampliar el periodo para calcular la mesada, entre otras.

En ese escenario, dicho Tribunal envió una misiva a París (Francia) al director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE, Rolf Alter, en el que expresa “algunas opiniones del Tribunal Superior de Bogotá, que pueden resultar de utilidad  para la evaluación que la organización a la que usted pertenecece realiza en este momento”.

Dicho Tribunal hace referencia directamente a la reforma que hace el proyecto de equilibrio de poderes, en lo que tiene que ver específicamente con la autonomía adminsistrativa de que hoy goza la Rama Judicial, que se encarna en el Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, ante la supresión que el Congreso aprobó de este organismo en la primera vuelta que hasta el momento ha surtido el proyecto, es reemplazado por el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, el cual estará integrado por tres niveles de administración: la Sala de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva de Administración Judicial y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

Sobre el particular, el Tribunal Superior de Bogotá asegura en la misiva dirigida a la OCDE que de aprobarse la reforma constitucionmal que debate el Congreso, todos los cargos de la rama judicial, salvo los magistrados de las altas Cortes, serían nombrados o reasignados por un único funcionario, que es el director ejecutivo de la administración judicial.

En la actualidad la mayoría de los cargos de la rama judicial es designada por concurso de méritos o en el caso de los empleados de libre nombramiento y remoción, o para los cuales no hay lista de elegibles, en concurso por su respectivo superior.

Añade el Tribunal Superior de Bogotá en la misiva a la OCDE que “dar poder en Colombia a un solo funcionario para que nombre y reasigne o traslade los más de 25 mil servidores que hacen parte de una sola rama del poder público, así se establezca que es con sujeción a las políticas de la Sala de Gobierno Judicial y directrices de la Junta Ejecutiva de Administración Judicial, suscita un enorme riesgo de abusos y es atentatorio contra la independencia judicial.

Añade en la misiva que además el director ejecutivo tendrá total libertad porque no se ve en el articulado del proyecto de equilibrio de poderes un claro control para el ejercicio de sus funciones , salvo que su periodo será de cuatro años.

Junta Ejecutiva

El Tribunal Superior de Bogotá también pone peros al diseño que se le da en el proyecto a la Junta Ejecutiva de Administración  Judicial, pues no se establece cómo se articularía con la Dirección Ejecutiva ni con las políticas que pudiera trazar la Sala de Gobierno, pues “sería un órgano independiente solo atado a cumplir, junto con el director ejecutivo, la administración de la Rama Judicial”.

En ese sentido señala a la OCDE que sería lesivo para la justicia en general, que no exsita un mecanismo que cohesione la actividad judicial y la administración de la Rama porque atenderían a intereses diferentes la parte administrativa y la parte judicial.

Finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá indica que una reforma a la justicia debe contemplar, entre otros, el soporte presupuestal para la implementación de los modelos de justicia que el legislador y el ejecutivo estimen convenientes para el país.