La investigación estableció que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no incurrió en el delito de pánico económico, el cual provocó que se iniciara un proceso en su contra.

Un fiscal de la unidad anticorrupción presentará mañana la solicitud formal para solicitar, en audiencia pública, que se cierre dicho proceso contra el funcionario.

La denuncia en contra de Petro fue instaurada por el jurista Jaime Granados a finales de 2011 cuando el mandatario habló sobre la fusión de dos empresas capitalinas, la Empresa de Energía y el Acueducto de Bogotá.

Según el abogado Granados las declaraciones del alcalde, llevaron a una baja de las acciones, los bonos, títulos y sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, poniendo en riesgo el bien jurídico, económico y social.