Instó a las a las administraciones municipales de todo el país el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para que dispongan los recursos humanos, físicos, económicos y técnicos para que las comisarías de familia puedan cumplir con sus funciones como autoridad competente para proteger los derechos humanos de la infancia, la adolescencia, la mujer y la familia.

Se dirigió el jefe del Ministerio Público a los alcaldes, concejales y jefes de oficinas de planeación distrital y municipal, a través de la Directiva 002 del pasado 26 de enero, en la que destacó la trascendencia de las comisarías de familia en materia de atención a la violencia intrafamiliar, a la violencia contra la mujer, así como en la prevención y el restablecimiento de derechos de la infancia y la adolescencia.

Exhortó en este sentido a las nuevas administraciones municipales para que garanticen estabilidad, independencia, permanencia, así como actuación sujeta únicamente al cumplimiento de la ley, a los comisarios de familia que venían trabajando desde la anterior administración, teniendo presente que la decisión de subsistencia en el cargo se debe dar basada únicamente en los criterios técnicos, las habilidades humanas, las destrezas cognoscitivas, la experiencia y las altas competencias, las cuales deben ostentar todos los titulares de este cargo para garantizar y restablecer los derechos de la familia.

Reiteró a los concejales municipales y distritales el procurador Ordóñez Maldonado la obligación de crear, componer y organizar las comisarías de familia según la densidad de la población y las necesidades del servicio, y recordó que a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia se hará seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Directiva.