El proyecto de Marco Jurídico para la Paz será socializado en Washington con el director de Human Rights Watch y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Con ese propósito ayer viajó al país del norte el autor y coordinador ponente senador Roy Barreras, donde hoy adelantará dos reuniones para socializar esta reforma constitucional que pretende construir el escenario para un futuro proceso de paz en Colombia.

Barreras se reunirá a las 9:00 a.m. con el director para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco, quien ha sido uno de los fuertes críticos de este Marco Legal, y discutirá con él las mejorías que contiene la nueva ponencia y las garantías que –a su juicio- permitirán que haya sanción y castigo en todos los casos y que no exista impunidad.

A instancias de la reunión, según informó el Senador, “también se discutirán las nuevas figuras de condicionamiento para los beneficios a los que podrán acceder los grupos armados ilegales, lo que significa que queda descartada la figura de indulto, amnistía o leyes de perdón y olvido, y lo único aplicable será figuras de principio de oportunidad condicionado”.

En horas de la tarde, Barreras se reunirá con el subsecretario de Estado para Suramérica Kevin Whitaker, a petición del Gobierno americano, para compartir y analizar con él los propósitos de esta iniciativa. Cabe recordar que esa oficina del Departamento de Estado es la encargada de determinar para toda América Latina la certificación anual en materia de Derechos Humanos.

El proyecto de Marco para la Paz será votado la semana entrante en séptimo debate en la Comisión Primera del Senado, luego de que el miércoles pasado fue radicada la respectiva ponencia, que propone algunos cambios fundamentales como es que los desmovilizados rasos de las guerrillas tendrán vocería política, aunque no podrán ser elegidos a cargos populares.

Además la ponencia incluye que a todos los militares que hayan sido condenados, considerados culpables, en el marco del conflicto, podría aplicársele la justicia transicional, lo que beneficiaría a los militares condenados por el Palacio de Justicia.