En dos meses y medio entrará en vigor el nuevo Código de Policía que fue aprobado por el Congreso en el primer semestre de este año, derogando una norma que llevaba más de cuarenta sin ser modificada a fondo, con el agravante de que muchas de las sanciones que contempla son irrisorias y no pocas de las conductas de regulación de la convivencia ciudadana ya inexistentes.

Desde el mismo momento en que la reforma al Código fue sancionada por el Presidente de la República, en julio pasado, se anunció el inicio de una campaña de socialización de los alcances y novedades normativas de la nueva ley. Incluso se pidió a los alcaldes iniciar un proceso de armonización de esta con otras regulaciones de orden local, con el fin de que el marco de aplicación quede absolutamente claro y no se presenten vacíos o zonas grises interpretativas sobre cómo se protegen los derechos y libertades de la ciudadanía.

La importancia del Código es trascendental, toda vez que en la medida en que las personas, familias, vecinos, comunidades barriales y población municipal saben y entienden sus derechos y deberes para vivir en sociedad, se puede evitar conflictos o tramitarlos por la vía del diálogo y la concertación, sin tener que llegar a la vía judicial o, peor aún, desembocar en riñas intrafamiliares o callejeras producto de la intolerancia. Frenar este tipo de violencia es urgente, toda vez que las estadísticas del Instituto de Medicina Legal señalan, por ejemplo, que una tercera parte de los asesinatos cometidos el año pasado en el país se perpetraron en el marco de celebraciones familiares, vecinales o eventos sociales, mediando en gran parte de ellos el consumo de alcohol y alucinógenos. Se concluye, igualmente, que la mitad de los homicidios en el país son causados por riñas o actos de venganza, en tanto que los actos de violencia intrafamiliar van en aumento.

Es claro que el nuevo Código va dirigido, precisamente, a evitar que los conflictos entre las personas lleguen al extremo de la judicialización o la violencia. De allí la importancia de la socialización de los alcances de la norma que entrará a regir el 30 de enero. Sin embargo, ese proceso de pedagogía ciudadana se ha cumplido a medias, según lo advierten las autoridades y comunidades de distintas regiones del país.

Aunque la Policía, por ejemplo, desplegó un plan de socialización del Código, lo cierto es que muchos colombianos no han interiorizado las nuevas reglas que buscan garantizar la convivencia ciudadana. Tampoco saben exactamente cuáles son las conductas que se sancionan o regulan, como tampoco a lo que están autorizados o no los uniformados ante determinadas circunstancias.

Por ejemplo, uno de los artículos que más polémica generó cuando se discutió en el Congreso fue el relativo a cuándo podían los agentes del orden ingresar a una residencia sin tener una orden judicial previa. En el día a día de muchas ciudades y municipios este procedimiento es uno de los que más roces genera entre la autoridad y los civiles, dando lugar, incluso, a conatos de asonadas y ataques contra la Fuerza Pública. De acuerdo con el entrante Código, ello sólo es posible para socorrer a una persona que pida auxilio, extinguir incendio, dar caza a un animal que pueda causar daño, proteger bienes de personas ausentes cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier medio al domicilio y cuando de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad.

No menos trascendental es que la ciudadanía conozca los castigos por daños a estaciones del sistema de transporte masivo o por colarse en los mismos. Y qué decir de la nueva facultad para que la Policía pueda desactivar equipos de sonido cuando sobrepasan los niveles de volumen permitidos. Prioritario también es familiarizarse con las reglas del juego para llevar a cabo protestas y cuando está autorizado para actuar el Escuadrón Antimotines. Incluso las comunidades tienen que interiorizar cómo se procede cuando los grafiteros afectan bienes privados o públicos. Y como si lo anterior fuera poco, el nuevo Código también establece medidas para frenar el robo de teléfonos celulares, uno de los delitos de más alta incidencia en el país. Todos estos aspectos, sumados a las multas por riñas y agresiones físicas, los mecanismos para protección de áreas ambientales sensibles o las normas para castigar el maltrato animal, hacen parte de la ley marco que a partir del 30 de enero regirá las relaciones de convivencia ciudadana.

De allí, entonces, la urgencia de que se redoblen las campañas para que todos los colombianos conozcan y apropien el nuevo Código de Policía. No hay que esperar a que la norma comience a regir y sea por la vía de las sanciones a los infractores que la comunidad se concientice de las nuevas reglas del juego. Más pedagogía, que aún queda tiempo para ello.