El secretario general del Partido Socialista de España, Pedro Sánchez, acusó este miércoles al jefe del gobierno, Mariano Rajoy, de acercarse al franquismo y de legislar para la ultraderecha limitando el derecho de manifestación y facilitando las escuchas.

"Sólo le falta recuperar aquella frase franquista de 'la calle es mía' para demostrar a los españoles lo que realmente es usted: el presidente del gobierno más retrógrado de la democracia española", es decir desde 1978, fustigó Sánchez a Rajoy durante una agitada sesión parlamentaria.

El líder socialista considera que los últimos años en España, gobernada por Rajoy desde finales de 2011, están marcados por las limitaciones de derechos y libertades ciudadanas, en la educación, la salud, el derecho laboral y el de manifestación.

La mayoría parlamentaria del conservador Partido Popular de Rajoy se dispone a aprobar, tras su examen en el Senado, un proyecto de ley que endurece las sanciones contra los manifestantes en ciertas circunstancias, con multas de miles o incluso cientos de miles de euros. Un texto que provoca la indignación de las ONG de defensa de los derechos humanos.

"Usted legisla solamente para la derecha más extrema de este país", acusó. "Le molesta la realidad en España y lo que pretende es simplemente acallarla a base de golpes de su mayoría absoluta", agregó, en alusión a las protestas contra la austeridad que se multiplicaron bajo el mandato de Rajoy.

Sánchez criticó también otro proyecto destinado a autorizar escuchas e interceptaciones de comunicaciones, sin control judicial, para todo delito considerado "de especial gravedad".

Rajoy que, según la prensa está sometido a presiones del ala más dura de su partido a menos de un año de las legislativas, a finales de 2015, le respondió que la limitación más grave de derechos se puede atribuir al gobierno socialista que le precedió.

"El mayor recorte de derechos que se ha producido recientemente en nuestro país lo ha producido el gobierno que dejó a España al borde del colapso económico, al borde del rescate, que hizo una gestión económica que generó un aumento del desempleo de 400.000 personas, que dejó a Espana en recesión", lanzó.

"Eso sí que es un atentado a los derechos de los ciudadanos", agregó.