Ha pasado aproximadamente un mes desde el sorpresivo anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que se propone construir 100.000 viviendas y entregárselas gratuitamente a los familias colombianas más pobres.

No acaba de terminar el gobernante sus palabras cuando las voces que le critican hasta los suspiros tildaron la propuesta de populista, argumentando que no había tierra en donde cumplir la promesa, entre otros supuestos obstáculos a la vista.

Pues desde entonces el proyecto de ley de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) ya fue radicado y las críticas comenzaron a ser opacadas por las voces de los congresistas que, como se verá más adelante, se peleaban por ser ponentes de la iniciativa gubernamental, pero también de los burgomaestres que desde todos los rincones del país solicitaban ser tenidos en cuenta a la hora de distribuir el número de soluciones habitacionales que les corresponderían para sus pobres entre los pobres: todos ellos encontraron tierra en donde hacer  las viviendas.

Para la muestra un botón. El viernes el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero le dijo a Germán Vargas, designado ministro de Vivienda, que podía “ofrecerle lotes propios de la ciudad con urbanismo completo. Por ejemplo: 2.800 soluciones en altos de Santa Elena, 1.072 en Potrero Grande y unas más en otros sectores”; y que además habría chance de terrenos para otras 60.000 soluciones en municipios cercanos a la capital vallecaucana, como Candelaria, por ejemplo.

Pero también otras voces se escuchan. El presidente de la Asociación de Cajas de Compensación (Asocajas) Álvaro José Cobo manifestó que ya hablaron con Vargas para acompañar el plan poniendo a su servicio la infraestructura integrada por las 43 instituciones.

Los pasillos del Congreso ya están siendo recorridos por los lobbistas de distintos intereses que podrían verse legítimamente bendecidos por el avance del trámite legislativo. Entre esos ciudadanos interesados están  seguramente voceros de la banca que si bien no otorgarán créditos a los beneficiaros de las viviendas, si lo harán a los constructores.

Además, Cobo también mencionó que no solo la banca puede ser una herramienta para el desarrollo del programa, sino que se requiere la intervención de Findeter e incluso de los Fondos de Pensiones.

En medio de todo, se abre la posibilidad de que la edificación de las 100.000 soluciones habitacionales sea posible através de la modalidad prevista en la ley de Asociaciones Público Privadas (APP).

Ya esta semana todas esas voces serán escuchadas no solo por los congresistas. El ministro Vagas ha de asumir la cartera de Vivienda en estos días, pero desde hace días que tiene en sus manos denuncias de que ya hay políticos, líderes comunales, fundaciones y personas que están engañando a los ciudadanos ofreciendo el plan de viviendas gratis del Gobierno Nacional.

“No existen intermediarios autorizados para realizar procesos de postulación, ni asignación de subsidios familiares de vivienda para el acceso al programa de vivienda VIP, para la población más vulnerable”, Vargas la semana padada.

“No se ha hecho ninguna convocatoria, ni se han expedido formularios, y que quien pretenda falsificar documentación para hacerse a una vivienda, incurrirá en fraude a subvenciones” lo que, advirtió, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal da cárcel entre cinco y nueve años.

Congreso: colisión de competencias

Una colisión de competencias se ha desatado dentro del Congreso de la República por el trámite del proyecto de las 100.000 viviendas gratis que radicó hace un par de semanas el Gobierno Nacional con mensaje de urgencia. En esta ocasión la Comisión Tercera reclama el trámite del proyecto que actualmente está siendo estudiado por la Comisión Séptima.

Tanto senadores como representantes de la Comisión Tercera están de acuerdo que lo que reclaman no es un tema de mal entendidos, sino que es un tema legal según las competencias que tiene delimitada cada comisión en la Ley Quinta, mientras que los de la Séptima defienden el trámite de la iniciativa por parte de ellos. (Ver recuadro)

La discusión ha llegado a estar tan subida de tono, que el senador Conservador Germán Villegas dijo que dentro de poco la célula legislativa solo va a aprobar la emisión de nuevas estampillas.

“El fuero y las funciones constitucionales de la Comisión Tercera del Senado languidece y se desdibuja cada día más y por lo que se ha visto en estos días, en que nos raparon el estudio del trámite de la nueva ley de vivienda, presumo que vamos a quedar aprobando únicamente proyectos de emisión de nuevas estampillas en Colombia. Tampoco nos debe extrañar que mañana nos quiten el estudio del Presupuesto Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo”, dijo el Senador.

Para el representante Ángel Custodio Cabrera, la cuestión además de ser legal es un tema político, porque el designado ministro Vargas decidió radicar la iniciativa en la Comisión Séptima.

“Legal y constitucionalmente un proyecto de ley que tiene todo lo que tiene que ver con recursos de presupuesto, endeudamiento, uso del suelo y sobretodo exenciones tributarias tiene que ser de la Comisión Tercera, pero aquí hay un tema político del Ministro de Vivienda que quiso que fuera en la Comisión Séptima. La ley corre el riesgo de que si esto no queda claro la situación sea demandada”, explicó el representante Cabrera.

El representante David Barguil, coincidió con las anteriores apreciaciones, sin embargo, agregó un elemento interesante al debate y es que el ministro Vargas Lleras le dijo que presentaría un nuevo proyecto con los artículos que son de competencia de las Comisiones Terceras.

“Se expone a que vaya a haber una demanda del proyecto de ley aunque el Ministro dijo que los artículos que fueran del resorte de nosotros él los sacaría del proyecto y nos los pasaría a nosotros en una nueva ley en la comisión tercera y con eso se subsanaría la situación, porque es cierto que el proyecto tiene temas de la Comisión Séptima como los temas de vivienda y política pública”.

El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, el representante Didier Burgos, defendió que el trámite del proyecto se esté dando en esa célula legislativa, explicando que el fin esencial del Gobierno es construir viviendas de interés social y prioritario y dijo que en caso de necesitar un aval fiscal o presupuestal iban a acudir al concepto institucional del Ministerio de Educación.

La senadora Claudia Wilches, explicó que la iniciativa de las 100.000 viviendas sí es competencia de las comisiones en las que se está tramitando y dijo que los congresistas ya hicieron un estudio cuidadoso del proyecto para no tratar temas que no les corresponden.

La Senadora agregó que de ser por impacto económico o fiscal todos los proyectos deberían estudiarse en la Comisión Tercera. “Si se evalúa por el impacto financiero todos los proyectos tendrían que estar en las comisiones terceras porque todos de alguna manera tienen que ver con inversión, con gastos, con impacto fiscal. La competencia es de nuestra comisión porque allí se analizan los temas de vivienda”.

En caso de que haya un conflicto de colisión de competencias los presidentes de cada corporación, aunque en este caso serían los dos, serán los encargados de dirimir el conflicto. El senador Camilo Sánchez ya le pidió a la mesa directiva del Senado que dirima el conflicto, pero hasta ahora no ha habido una respuesta a la petición.

Estos choques podrían revivir el debate sobre un cambio de competencias entre las Comisiones Constitucionales Permanentes, aunque para la Senadora Claudia Wilches las comisiones han funcionado de “manera histórica”, cree que sería conveniente reformular la Ley Quinta cuando se presenten choques de comisiones de manera continua, antes no.

Sin embargo, la idea no le fue indiferente al representante David Barguil. “La verdad que en el Congreso se arman unos trancones  legislativos fundamentalmente en dos Comisiones que son la Primera y la Tercera porque hay otras comisiones que durante el ejercicio muchas veces no tienen temas de proyectos de ley. Eso debe generar el debate para que revisemos al interior de la Ley Quinta como distribuimos cargas y responsabilidades”.

¿En qué va el proyecto?

El proyecto que se radicó hace unas semanas en el Congreso de la República ya inició su trámite según le contó a este diario el coordinador ponente de la propuesta, el representante Rafael Romero. La semana pasada iniciaron las conversaciones entre los ponentes de Senado y Cámara ya que la iniciativa tiene mensaje de urgencia. “ya nos hemos reunido los ponentes para preparar la ponencia para primer debate, esta semana seguiremos reuniéndonos y esperamos para la próxima semana no sólo poder radicar la ponencia sino también darle el primer debate”, explicó Romero

Según las cuentas del legislador a más tardar la última semana de este mes estaría lista la primera ronda del proyecto y la segunda semana de junio estaría lista la iniciativa para pasar a debate en plenaria.

El coordinador ponente dijo que hasta el momento el proyecto ha contado con gran receptibilidad por parte de los congresistas sobretodo porque es una propuesta que beneficiaría a los que menos recursos tienen en el país, a los desplazados y a las personas que han sido víctimas de algún desastre natural.

El Representante explicó que ahora se están buscando recursos para que el proyecto incluya un componente de vivienda rural que también le de oportunidad a los campesinos de acceder a vivienda propia y para que tengan opción de acceder a mejoras estructurales en sus casas.

Romero al igual que sus compañeros de Comisión está de acuerdo que el proyecto se tramite en la Comisión Séptima porque “sin duda alguna” el objeto del proyecto es la vivienda.