Con el asesinato de Isnelda Gutiérrez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Robles en Altos de Cazucá (Soacha), ocurrido al tiempo que el país conmemoraba el Día Nacional de las Víctimas, se pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los líderes comunitarios en el país y particularmente en esta zona que comparten Bogotá y Soacha.

Así lo destacó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al recordar que en la Nota de Seguimiento 023 del 20 de diciembre de 2012 sobre un informe de riesgo de inminencia del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, se advirtió al Estado de este difícil escenario, producto del accionar de miembros de presuntos grupos armados ilegales, principalmente de las autodenominadas Águilas Negras- Bloque Capital.

Otálora aseguró que pese a los esfuerzos de las autoridades civiles, así como las medidas adoptadas por la fuerza pública para contrarrestar la criminalidad en Soacha y prevenir las vulneraciones a los derechos fundamentales, se evidencia la persistencia del riesgo en las comunas cuatro y seis (Altos de la Florida), dinámica que se extiende hacia las comunas uno (Compartir), tres (La Despensa) y cinco (San Mateo).

Por tanto, el Defensor del Pueblo le solicita a la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior brindar especial atención a todos los casos de amenazas contra líderes sociales y población desplazada en Soacha y que se adopten de manera urgente y efectiva las medidas de protección.

De igual manera, instó a las autoridades judiciales para que adelanten una investigación rigurosa con el fin de esclarecer el homicidio de Gutiérrez, que se produjo un día después de que la Defensoría del Pueblo conmemorara el día de las víctimas en su Casa de Derechos en Altos de Cazucá, en compañía del representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Todd Howland; de la representante de Acnur, Terry Morel, y el director de Usaid, Peter Natiello.

La Nota de Seguimiento 023 de la Defensoría indica que el accionar de estos grupos ilegales se traduce, por una parte, en amenazas e intimidación en contra de dirigentes comunitarios, miembros y representantes de organizaciones de población desplazada, docentes, estudiantes y toda aquella persona que en función de la defensa de los derechos humanos ejerzan un liderazgo que se contraponga a los intereses de estas agrupaciones armadas.

Las amenazas son proferidas mediante llamadas telefónicas y por celular, la circulación de panfletos amenazantes, entre otros, para instaurar un ambiente de incertidumbre, miedo y temor en el que la población experimenta sentimientos de indefensión, y teme denunciar las actuaciones de los grupos ilegales.

De otra parte, se advierte el cobro de cuotas extorsivas, no solo como un método de financiamiento, sino también como un mecanismo para establecer lealtades y controlar la actividad económica legal de los comerciantes. Y quienes se resistan al pago del tributo forzoso, comprometen su vida e integridad personal y el derecho a permanecer en el territorio.

Finalmente, el Defensor se mostró muy preocupado por la vinculación y utilización ilícita de niños, niñas y jóvenes en las actividades ilegales, a través de la instrumentalización, cooptación y utilización de las pandillas barriales para la ejecución de crímenes, el cobro de extorsión y la reproducción de modelos de coerción sobre los habitantes.