En ejercicio de sus funciones preventivas y de control de gestión, la Procuraduría General de la Nación reitera su preocupación ante la grave situación que se presenta en el sector energía en los siete departamentos de la Costa Atlántica colombiana con la empresa prestadora del servicio Electricaribe S.A. ESP.

Ante dicha problemática, que completa ocho años sin solución y genera grave afectación a los usuarios del servicio, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, realiza seguimiento a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Minas y Energía, a la Unidad de Planeación Minero Energética, a la empresa Electricaribe y a las gobernaciones y alcaldías de la Costa Atlántica, con el objeto de garantizar el estricto cumplimiento de las acciones y actividades a adelantar para superar la crisis.

Con dicho fin, esta semana se realizaron mesas de trabajo articuladas por la Procuraduría, en la que las entidades vinculadas con esta problemática asumieron compromisos frente a las ayudas para el pago del servicio de energía a brindarse a los usuarios más necesitados; el aumento de recursos disponibles para inversión en la materia; la definición de proyectos de mayor impacto en la región; la necesidad de atraer nuevas empresas inversoras; y la garantía de la ejecución del plan de inversiones.

La Procuraduría ha identificado posibles omisiones por parte de entidades del nivel central, en cabeza de los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público; así como de territoriales como gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas; por lo cual adelantará labores de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones a través de estrategias como la implementación de una matriz que establezca responsabilidades, plazos y fechas concretas.

De comprobarse la omisión en el cumplimiento de deberes constitucionales y legales, este organismo de control adelantará las acciones disciplinarias correspondientes contra las autoridades responsables y en defensa de los derechos fundamentales de la población de siete departamentos del país.