Aunque  el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura destinaron 44.000 millones de pesos para crear los cargos de descongestión de justicia que está pidiendo la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), si los funcionarios no van a trabajar, se podría registrar un "peculado", señaló el ministro de Justicia, Yesid Reyes.

El alto funcionario indicó que la Judicatura tomó la decisión de pagarles a los actuales jueces de descongestión, cuyos contratos terminan esta semana, con el fin que laboren hasta el 19 de diciembre y que a partir de enero de 2015 serán vinculados de plata paulatinamente, para cumplir con esa petición del sindicato.

Sin embargo, precisó que esa corporación y el Gobierno no pueden destinar recursos y crear puestos de trabajo sabiendo que estos funcionarios no van a trabajar, por lo que sugirió levantar el paro para que la solución pueda darse.

La plata

El presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Pedro Munar, anunció que el Ministerio de Hacienda ya desembolsó el dinero faltante para poder prorrogar los despachos de descongestión hasta el 31 de diciembre de este año.

Según Munar, el lunes por la tarde “el Ministerio de Hacienda desembolsó los recursos que le correspondían, 14.000 millones de pesos, y nos autorizó para que usáramos un dinero que nosotros tenemos de 31.000 millones de pesos, para financiar hasta diciembre la descongestión”.

El magistrado Munar aclaró que esto está supeditado a que los jueces hayan reportado “el trabajo que hicieron durante la etapa de descongestión hasta el 30 de septiembre, cuando había normalidad laboral y no exista la excusa que estaban en paro”; otra condición es que “se hayan cumplido las metas de descongestión que la Sala ha fijado”.

En reunión que sostendrá hoy la Sala Administrativa de la Judicatura se “proferirá el acuerdo prorrogando las medidas de descongestión con las directrices establecidas”, anotó Munar.

Cada “director seccional nos debe certificar que el sitio donde se va a desarrollar la actuación judicial, está en condiciones de prestar un servicio al usuario, que haya una infraestructura física y una infraestructura tecnológica al servicio de la justicia”, añadió.

El paro no para

Sin embargo, al cierre de esta edición, el paro no parecía tener posibilidades de levantarse. Por el contrario, la dirigencia sindical consideraba la radicalización de la protesta que ya completó cinco semanas.

El movimiento le exige al Gobierno mejores condiciones laborales (prestaciones sociales), nivelación salarial, vinculación de empleados de la misma Fiscalía en el proceso de la reforma a la infraestructura y solución pronta al hacinamiento carcelario. Primero entró en paro el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y luego le siguieron Asonal Judicial y el sindicato de la Fiscalía, sucesivamente.

Sólo en Bogotá, el paro judicial abarca el 90 por ciento de los empleados de juzgados, tribunales superiores y Administrativo, Fiscalía y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En el resto del país, se sumaron los distritos judiciales de Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, Cesar, Cauca, Nariño, Putumayo. También los de Casanare, Boyacá, Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), Buga (Valle), La Plata (Huila), Meta y Caquetá, y algunos de Medellín, Barranquilla, Córdoba y La Guajira.

Ya son más de 112 las cárceles que se encuentran bajo el denominado “plan reglamento”. Según los cálculos de Óscar Robayo, líder de uno de los sindicatos del Inpec, serían unas 23.000 diligencias judiciales que no se han realizado gracias a ese plan y al paro de Asonal Judicial.

Hoy el liderazgo de Asonal Judicial se reunirá con el presidente del Senado, José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien le pidió al Gobierno nacional que atienda los reclamos que motivaron el paro judicial, al paso que, como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, el senador Manuel Enríquez, también de La U, propuso que el Ejecutivo declare la emergencia social para obtener los recursos adicionales que requiere la problemática de la Rama Judicial y del Inpec.

De otra parte, el senador Horacio Serpa, del Partido Liberal, en reunión de ayer, aceptó mediar ante los ministros del Interior y de Justicia para propiciar un acercamiento con el presidente Juan Manuel Santos.

A través de un comunicado, Asonal Judicial saludó que “los judiciales de Barranquilla” decidieran “sumarse al paro nacional indefinido, de manera que el movimiento se consolida y adquiere la fuerza necesaria para doblegar la tozudez del Gobierno neoliberal de Santos, quien tras 30 días de movilización ha sido renuente a reconocer la problemática de la justicia, la cual colapsaría sino atiende el pliego de peticiones”.

Asonal Judicial invitó a los trabajadores de la Rama en Cali, Cúcuta, Ibagué y Eje Cafetero a “que en asambleas democráticas decidan la participación en esta lucha que es de todos y para todos”.