Debido a que un grupo de trabajadores de la Rama Judicial insiste en continuar con el paro, la Fiscalía anunció que estudia no pagar los salarios a los funcionarios que no acudan a sus despachos.

Al mismo tiempo, ante la decisión de algunos de los disidentes de poner fin a la huelga que inició el pasado 10 de octubre, el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, garantizó el ingreso al búnker del Nivel Central de la Fiscalía a los funcionarios que optaron por reanudar labores y al mismo tiempo señaló que se respeta el derecho a la protesta de quienes quieran mantenerse en paro.

“La protesta social es un derecho constitucional y nosotros respetamos a quienes deseen mantenerse en cese de actividades”, señaló el alto funcionario.

Perdomo hizo un llamado especial a quienes han preferido seguir en la protesta, para que se reintegren a sus labores. El Fiscal ha sido muy claro en el proceso cuando ha servido de puente entre los funcionarios que protestan y el Gobierno Nacional, “por eso, consideramos que el servicio debe reanudarse”.

El Vicefiscal General manifestó que la determinación se toma para “ofrecer resultados concretos” a la ciudadanía en los procesos penales que se adelantan.

Precisamente para impedir grandes traumatismos en las labores la Fiscalía había establecido un plan de contingencia que permitió la realización de varios procedimientos jurídicos durante la vigencia del paro, explicó.

En cuanto a la atención a la ciudadanía, Perdomo manifestó que se piensa que para “los próximos días se restablecerán los servicios al público”.

La determinación de una buena parte de los funcionarios de la entidad investigadora de retomar sus actividades, se da un día después de que los empleados de los Tribunales Administrativos de Cundinamarca, Superior de Bogotá y Superior de Cundinamarca, anunciaran que abrirían las puertas al público para prestar el servicio.

Mientras esto se presentaba en estos dos lugares, en el Instituto de Medicina Legal en Bogotá, funcionarios de la Rama Judicial que permanecen en paro, realizaron un plantón como manifestación para ser escuchados por el Gobierno.

El Fiscal General, Eduardo Montealegre había hecho un llamado el jueves pasado para que quienes laboran en la institución bajo su mando, retornaran a sus trabajos, mientras él se comprometía a seguir mediando entre las partes.

Por su parte, el Partido Liberal le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que implemente el funcionamiento de despachos judiciales transitorios para garantizar el trámite de cerca de 16.000 tutelas que presentaron durante estas cinco semanas de paro judicial usuarios del sistema de salud que requieren una atención urgente.

El jefe único de la colectividad, Simón Gaviria, dijo que el tema es delicado porque son tutelas vitales.

“Está en riesgo la vida de 16.000 pacientes. Se trata de personas en estado crítico que requieren de manera urgente algún medicamento o un procedimiento médico para conservar su vida. La actual situación podría generar muertes por desatención y por eso es fundamental implementar un Plan B”, advirtió Gaviria.