Una alerta  para que se brinden las medidas necesarias para proteger a los 3.300 concejales del país amenazados, hizo la presidenta de la Federación Nacional de Concejos (Fenacon), Carmen Lucía Agredo, tras el asesinato la semana pasada de dos cabildantes.

Después de los asesinatos de Jhon Édinson Gallego, de Toro (Valle del Cauca) y el Donaldo Sánchez, de Saravena (Arauca), se completaron nueve concejales asesinados en el año y 14 en lo que va del actual periodo de estas corporaciones en el país.

Al respecto, Agredo dijo que parte de la responsabilidad es de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por no brindar la seguridad a todos los corporados que la requieren.

“No están cumpliendo con las medidas de protección. Dan un apoyo de reubicación que en muchas ocasiones se ha retrasado por lo que los concejales han tenido que devolverse a sus lugares de origen. Esa situación se presenta especialmente en Arauca, Meta, Santander, Cauca, Putumayo, Huila, Caquetá”, dijo la presidenta de la Federación.

“Las medidas de protección son ineficientes. El llamado que le hacemos a la Unidad Nacional de Protección es que garanticen la vida de los concejales ya que con estos atentados se está debilitando la democracia en nuestros municipios”, enfatizó.

La situación ha llegado al punto que los concejales de Arauca han amenazado con renunciar si no se les dan las garantías, advirtió la Federación.

Agredo dijo que se reunió con el procurador Alejandro Ordóñez para que medie ante las entidades correspondientes para obtener los recursos requeridos.

EL NUEVO SIGLOintentó comunicarse con el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, para consultare sobre los señalamientos, pero no fue posible ubicarlo.

Violencia política

Un informe difundido por la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que entre el 31 de diciembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2013, cada dos días se presentó un hecho de violencia política en el país.

El reporte contabilizó 314 de estos hechos, de los cuales el 85% fueron amenazas, el 8% atentados, el 5% homicidios y el 1% secuestros.

Por víctimas, los concejales ocuparon el primer lugar, los alcaldes el segundo, los diputados el tercero y  los gobernadores el cuarto.

La Misión reportó que los departamentos más afectados fueron: Caquetá con 52 hechos, Tolima con 46, Huila con 32 y Antioquia con 22.

Asimismo, se indicó  el 40% de los homicidios contra autoridades electas tuvo lugar en el departamento del Valle, en los municipios de Jamundí, La Victoria, Cartago, Buenaventura, Caicedonia y Toro.

De la misma forma se reveló que en el 13% de municipios del país se han presentado hechos de violencia política siendo los municipios más afectados: Ataco (Tolima), Villa del Rosario (N. Santander), Florencia (Caquetá), Mocoa (Putumayo), San Vicente del Caguán (Caquetá).

Por partidos políticos afectados, el Partido Liberal encabeza la lista con el 19%; el Partido de La U, con el 18%; el Partido Conservador, con el 16%; Cambio Radical, con el 11%; el Partido Verde, con el 6% y el Polo Democrático con el 4%. En el 9% de los casos de violencia política la víctima fue mujer y en el 91% hombre.

Defensoría pide seguridad

Tras el  asesinato, el pasado 15 de octubre del presidente del Concejo de Puerto Asís (Putumayo), Luis Celima Chalpatar, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le pidió a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior establecer medidas de seguridad para los concejales del país que se encuentran amenazados.

La petición fue dirigida al ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y al director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, en la que el Defensor pide que se lleve a cabo una reunión de urgencia para analizar la situación de seguridad de los cabildantes del país.

Otálora expresó su preocupación por algunos casos puntuales como la situación de 11 concejales de Riosucio y Litoral del San Juan, en el Chocó, entre otros municipios, quienes fueron amenazados por parte de grupos armados ilegales.

La Defensoría manifestó su preocupación ante la denuncia de Fenacon en relación a que del total de 2.300 concejales que cuentan con esquemas de seguridad, el30% presenta fallas.

“Resulta preocupante el reporte entregado por Fenacon, en el que se indica que el 30% de los 2.300 concejales que en la actualidad cuentan con esquemas de protección han manifestado inconformidad relacionadas, entre otros, con la irregularidad en los pagos de reubicación y transporte, teléfonos celulares asignados que no poseen cobertura en muchas zonas del país y entrega de chalecos blindados con fechas de vencimiento del año 2010 o en años anteriores, quienes quedan expuestos a situaciones de riesgo”, agregó Otálora.

También se destacó la inconformidad expresada por los concejales en relación con los “extensos términos” (2 a 6 meses) que se presentan entre el estudio del nivel de riesgo y la comunicación de la valoración del mismo como de la implementación de las medidas de protección.