El funcionario pidió a la Corte Constitucional precisar varios aspectos de la reforma constitucional que le da vida a esta Jurisdicción Especial de Paz, en aspectos como la competencia sobre procesos de justicia y paz, utilizar pruebas o testimonios de amnistiados e investigación al narcotráfico
Una serie de objeciones realizó ayer el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, a varias disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2017 que le dará vida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), durante una audiencia que adelantó la Corte Constitucional en el marco del estudio de esta norma que aprobó el Congreso como parte de la implementación de los acuerdos con las Farc. El Jefe del ente investigador pidió declarar inexequibles algunos apartes y la exequibilidad condicionada de otros.
El Fiscal General dijo que el hecho que unos puedan tener beneficios jurídicos en la JEP, como los integrantes de las Farc, y otros tengan que ir a la jurisdicción ordinaria presenta una dicotomía que podría generar una guerra jurídica. Por ello pidió a la Corte precisar los alcances de la primera.
Citó el caso que se presenta con la investigación de los financiadores de grupos armados ilegales, pues mientras que corresponde a la justicia ordinaria ocuparse de los que patrocinaron a los paramilitares, no ocurre lo mismo con los financiadores de las Farc, cuyos procesos sí irían a la JEP. "Esa competencia (la de la Fiscalía para seguir investigando a financiadores del paramilitarismo) es inadecuada porque el conocimiento de dichos crímenes es exclusivo de la JEP", dijo. Afirmó que de lo contrario, "los beneficios de la JEP solo serían para las Farc".
En este sentido consideró que “el hecho de que unos puedan tener unos beneficios en la JEP y otros no, es inadecuado porque "pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera, porque la sociedad haría tránsito de una guerra militar a una guerra jurídica (...). Justicia transicional para la subversión y justicia ordinaria para los demás actores del conflicto".
De igual forma, el fiscal Martínez se quejó ante los nueve magistrados de la Corte que la JEP contempla que los procesos de justicia y paz sean compulsados a la Fiscalía y la JEP, cuando la ley es clara en que esa competencia es única del ente acusador.
Así mismo, objetó el artículo que señala que una vez son amnistiados los guerrilleros, la Fiscalía se verá impedida para utilizar pruebas o testimonios de estas personas en otros procesos. Martínez Neira dijo que eso limitaría la institucionalidad.
También el Fiscal dijo que "la Corte debe definir el alcance de la JEP para investigar el narcotráfico, en particular con los delitos ocurridos después del acuerdo, porque el articulado prevé que sea potestad de la JEP y no la justicia ordinaria como lo dice la ley”.
De igual manera, el Fiscal se mostró contrario a lo que han señalado las Farc que la Unidad especializada creada en este organismo está diseñada para investigar a los promotores del paramilitarismo y no a la protección de defensores de derechos humanos.
En cuanto a la seguridad jurídica del acuerdo el Fiscal dijo que dependerá en buena medida de que la Corte defina las competencias que tendrá la JEP y las de la justicia ordinaria. "Colombia tiene derecho a una paz sosegada y estable. Tenemos derecho a una paz que implique el silencio de los fusiles y que no haya impunidad, y que haya seguridad jurídica para todos los guerrilleros y todos los actores del conflicto", dijo.
Martínez dijo también que este acto legislativo establece que la JEP tiene competencia sobre las conductas cometidas antes del primero de diciembre del 2016 por hechos del conflicto armado. Por eso dijo a la Corte que "se hace necesario definir si ese mandato de exclusividad de la JEP llega a comportar que la jurisdicción ordinaria claudica para todas aquellas conductas que tengan que ver con el conflicto armado que se vivió en Colombia hasta el proceso de paz".
Explicó que esta claridad es necesaria porque se debe establecer, por ejemplo, qué pasará con las copias compulsadas que salieron de Justicia y Paz o con otras investigaciones.
Además, el Fiscal dijo que la Corte también debe precisar quién va a juzgar a los grupos que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares.
El Fiscal dijo también que es poca la claridad sobre los delitos de ejecución permanente como testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. "La ley no precisa quién es el competente para investigar esos delitos en los bienes que sean inventariados. Ello supone una competencia jurisdiccional para que no haga tránsito a la impunidad", indicó Martínez.
Habla el Gobierno
En la audiencia que finalizará el día de hoy participaron por el Gobierno los ministros del Interior, Guillermo Rivera; de Justicia, Enrique Gil Botero; el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; el procurador General (e), Juan Carlos Cortés González; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; los presidentes de las altas Cortes; el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano; así como la Corporación Excelencia en la Justicia y la Comisión Colombiana de Juristas, y organizaciones de víctimas, entre otras.
Como era de esperar el Gobierno salió en defensa de este Acto Legislativo y de la necesidad de la creación de la JEP para el juzgamiento bajo la sombrilla de la justicia transicional de los integrantes de las Farc, agentes del Estado y civiles que cometieron delitos de lesa humanidad en el conflicto armado.
El ministro del Interior afirmó en la Corte Constitucional que es necesario tener en cuenta que la JEP se adelantó en el contexto de buscar la terminación del conflicto armado. “Los jueces deben dar especial relevancia al objetivo principal de nuestra Carta Política: conseguir la paz", afirmó.
Por lo tanto, señaló que "la revisión constitucional no puede desconocer que el Acuerdo y las normas que lo implementan han permitido terminar de manera pacífica un conflicto armado de más de 50 años".
El jefe de la cartera política se refirió a la pertinencia de que el Acto Legislativo 01 de 2017 se hubiese tramitado mediante el procedimiento especial para la paz por estar orientado a "ofrecer garantías para el cumplimiento y fin del conflicto, específicamente en su punto 5 referente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición".
Mientras que el ministro de Justicia, Enrique Gil, dijo que “se equivocan los que dicen que la JEP está hecha para otorgar beneficios a los guerrilleros de las Farc”. Consideró que “el acto legislativo pone en su centro la satisfacción de los derechos de las víctimas e implementa la fórmula de justicia transicional que fue acordada entre el Gobierno y las Farc y que fue refrendada por el Congreso”.
Dijo además que toda la reforma se ajusta a los principios constitucionales y se establecen los mínimos en materia de justicia. “El legislador no sustituyó ningún pilar fundamental de la Constitución colombiana”, expresó.
Procuraduría pide exequibilidad
El procurador General de la Nación (e), Juan Carlos Cortés González, solicitó a la Corte Constitucional aprobar el Acto Legislativo para la Paz, aunque pidió que se eliminen los condicionamientos de la participación del Ministerio Público para “intervenir en defensa de los derechos de las víctimas”, en la Justicia Especial para la Paz.
En su intervención Cortés González llamó la atención sobre las condiciones impuestas para la acción del órgano de control en la JEP y explicó la importancia de la intervención de la Procuraduría en cualquier caso, conforme a su propia decisión y no únicamente ante la solicitud de los magistrados de esta jurisdicción ni para las diligencias que ellos definan.
El Procurador (e) aseguró que la creación de la Justicia Especial de Paz permite al Estado cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.
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