El representante a la Cámara por Bogotá está siendo demandado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y por destinación indebida de dineros públicos, por lo que piden que se le retire su investidura.

Sin embargo, un delegado de la Procuraduría General solicitó ante la Sala Plena del Consejo de Estado que no se tengan en cuenta los argumentos de la demanda en contra del legislador, ya que no se encontró ningún documento o prueba que demuestre culpa alguna.

"Considera el Ministerio Público que el representante no solicitó, ni se concedió, ni disfrutó de la licencia de paternidad, tampoco dejó de asistir injustificadamente a sesiones y menos con ocasión del nacimiento de su hija".